El PP exige rescindir el contrato con la empresa que gestiona el CIS por sus irregularidades

El PP ha exigido la rescisión del contrato de gestión y explotación del Centro de Integración Socio Cultural (CIS) y del Centro de Día de la Paz por las “múltiples irregularidades” cometidas por la empresa adjudicataria que se recogen en un informe municipal.
Nota de prensa
La Portavoz del Partido Popular de Barakaldo, Amaya Fernández, ha exigido al Alcalde la rescisión inmediata del contrato de gestión y explotación del “Centro de Integración Socio Cultural de los Hermanos y del Centro de Día de la Paz” atendiendo a las múltiples irregularidades recogidas en un informe firmado por el Interventor Municipal, el Secretario General y la Jefa de la Sección Jurídico Administrativa del Área de Acción Social.
Este informe jurídico emitido con fecha 13 de marzo de 2008 por los funcionarios de mayor rango en el Consistorio, deviene del acuerdo adoptado en el Pleno Municipal celebrado el día 26 de abril de 2007 y que mandataba a estos funcionarios a realizar el oportuno seguimiento para el control del contrato mencionado.
A pesar de que el acceso a este informe fue solicitado por los concejales del Partido Popular de Barakaldo el pasado día 18 de julio, y que la legislación local obliga al Alcalde a facilitarlo en el plazo máximo de cinco días, no ha sido entregado hasta el pasado mes de septiembre. Este hecho es interpretado por los concejales del Partido Popular como un intento más de ocultarles la información necesaria para realizar su labor en defensa del interés general y de control a las decisiones adoptadas por el gobierno municipal.

En el informe se ponen de manifiesto tres irregularidades:

1 El contrato para la gestión de este equipamiento social se firmó entre el Alcalde y la UTE FUTURO PARA BARAKALDO, integrada por las empresas SYASDO S.L. y SYASBRO, el día 9 de marzo de 2007. Tan sólo cuatro meses después de iniciado el contrato, el Alcalde aprueba el abono del 100% de la aportación anual que asciende a 1.423.872,07€, a pesar de que el Departamento de Fiscalización Municipal establece serios reparos a este pago, y que son:

La empresa no aporta el balance de situación contable trimestral necesario para el control financiero del contrato, por lo que al Ayuntamiento le resulta imposible el control financiero de la gestión del servicio.

La empresa incluye entre los gastos que acredita, el Centro Asesor de la Mujer, un servicio que también se presta en el CIS, pero que al ser este un servicio ofertado como mejora, los gastos derivados del mismo no deben ser tenidos en cuenta, ni abonados por el Ayuntamiento.

El dato del déficit derivado de los datos presentado durante estos primeros meses extendido a un período de doce meses no llegaría a la suma de 500.000€, mientras que la aportación máxima que ahora se le abona es de más de 1.400.000€.

“Un equipo de gobierno responsable en la gestión del dinero público, ante el contenido de este informe del Área de Fiscalización, lo que haría sería no pagar a la empresa hasta en tanto en cuanto se resolvieran las múltiples irregularidades. Si como dicen los informes jurídicos, con los datos que aporta la empresa resulta imposible el control de la gestión del servicio, ¿por qué se ha pagado a la empresa más de un millón y medio de euros? ”.


2 De las facturas que presenta la empresa durante el primer año de contrato para justificar la aportación de un millón y medio de euros que le da el Ayuntamiento, más del 72% se corresponden con facturas de empresas del mismo grupo empresarial al que pertenece la adjudicataria. Las empresas que pertenecen al grupo empresarial “QUALITYSER” son: Clequali, Azatres, Sacyag y Brooks al que igualmente pertenecen SYASBRO y SYASDO, que resultan ser los miembros de la UTE adjudicataria del contrato. Además la Ley establece que estas subcontrataciones sólo pueden recaer sobre prestaciones accesorias, y no sobre el objeto principal del contrato. Las facturas presentadas estarían incumpliendo el artículo 6 del Decreto Foral 57/2004.
Ante estos hechos, concluye el informe no puede considerarse que las facturas representen la justificación documental de la prestación del servicio o suministro realizado con veracidad a precio de mercado de los gastos en que ha incurrido la adjudicataria para la gestión del servicio contratado.

3 Hasta 12 órdenes de embargo acumula esta empresa, figurando entre los embargantes el Juzgado de primera instancia de Barakaldo, la Diputación Foral de Bizkaia, la Tesorería de la Seguridad Social y el Juzgado de la Social nº 5 de Bilbao. En consecuencia, se estaría incumpliendo el artículo 20 f) del TRLCAP (texto refundido de la ley de contratos de las administraciones públicas), que establece que en ningún caso podrán contratar con la Administración quines incurran en no hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de seguridad social, tanto en el momento de la adjudicación como durante la duración del contrato.


El pasado mes de julio los populares desvelaron otro incumplimiento del contrato, ya que la empresa mantiene desde hace meses cedido un local del equipamiento municipal a la mutua (MC SPA Sociedad de Prevención), que presta servicios de revisión a trabajadores ajenos al C.I.S. Ante esta denuncia, el equipo de gobierno socialista dijo desconocer este hecho, y a día de hoy continúa sin dar explicaciones.
“Vamos a exigir la convocatoria inmediata de la Comisión Informativa de Servicios Sociales y de la Junta de Portavoces, para invocando el artículo 22.1.2 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares instar a la resolución del contrato, ya que esta empresa está incurriendo en causas de prohibición de contratación con la Administración, y al Alcalde parece no sólo no importarle este cúmulo de irregularidades sino que al contrario sigue abonando los pagos, en unos casos ocultándonos información y en otros demorando su entrega. Creemos que no se puede seguir insuflando dinero de las arcas municipales a una empresa que incumple constantemente la Ley”.