Comunicado de Berri-Otxoak
"Vía crucis” en Barakaldo contra los recortes presupuestarios en el acceso a las ayudas de emergencia social
- Denuncia de los recortes contemplados en el borrador de presupuestos del gobierno local
- Barakaldo dota de un insuficiente presupuesto a las ayudas económicas municipales, endurece los requisitos de acceso y recorta las cuantías de las prestaciones a las que tienen derecho las familias de la localidad para hacer frente a sus necesidades más básicas
Activistas de la plataforma Berri-Otxoak portan en paños menores “La Cruz de los recortes” ante el Ayuntamiento de Barakaldo en denuncia del insuficiente presupuesto a las ayudas económicas municipales.
Protesta ante el edificio consistorial para denunciar que el equipo de gobierno congela en 954.465 euros por UNDÉCIMO AÑO CONSECUTIVO la consignación destinada a las ayudas económicas municipales. Prestaciones que perciben 1.000 familias barakaldesas cada año. Y de las que decenas son expulsadas por falta de presupuesto.
El borrador de presupuestos del gobierno local nuevamente vuelve a dotar de un insuficiente presupuesto a las ayudas económicas municipales, endurece los requisitos de acceso y recorta las cuantía de las prestaciones a las que tienen derecho las familias de la localidad para hacer frente a sus necesidades más básicas.
A fin de evitar aumentar la dotación presupuestaria para gasto social el equipo de gobierno recorta en un 20% la asignación a percibir por las familias con graves dificultades económicas y deniega sistemáticamente el acceso a las prestaciones para “gastos relativos a las necesidades primarias”, las cuales permiten cubrir carencias tan básicas como la alimentación.
Además, el gobierno local se acoge, año tras año, a una disposición del Gobierno Vasco que habilita a los consistorios a denegar las prestaciones económicas a las familias que reúnan los requisitos “en caso de no existir un crédito consignado suficiente para atender el conjunto de situaciones de emergencia”, la cual le ha sido aplicada el pasado año 2023 a cerca de un centenar de familias de la localidad.
A esta política de recortes se debe sumar la falta de personal para gestionar las solicitudes (trabajadoras sociales y personal administrativo) del “Equipo de Ayudas Económicas”, situación que provoca demoras de 6 meses en acceso a unas prestaciones destinadas a circunstancias de “emergencia social”.
Sin embargo, como no podía ser otra manera, el borrador de presupuestos elaborado por el gobierno local destina tres millones de euros para los 38 políticos que conforman el gobierno local y partidos políticos del consistorio (alcaldesa, concejales liberados, asesores, administrativos y cargos de confianzas). En concreto son 2.819.529,37: 215.000 euros más que el año pasado.
Cabe destacar que mientras se recortan derechos a las familias más empobrecidas y precarizadas la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, supone a las arcas municipales como mínimo 98.952 euros anuales (81.590 de salario base y 17.363 en cotización a la seguridad social).
La retribución de la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, es superior a la del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y algunos de sus ministros; o presidentes de comunidades autónomas como Andalucía, Castilla y León, Baleares, Murcia, Canarias o Asturias. Además, su remuneración es superior al de mandatarios de ciudades como Sevilla (con siete veces más de población) o Vigo y Gijón (ciudades que triplican en residentes a la localidad fabril).
Frente a recortes y sueldos millonarios de los políticos del consistorio, antaño fabril. La actual situación de dificultades para llegar a fin de mes requiere de una mayor inversión en el presupuesto destinado a las ayudas económicas municipales, revertir los recortes de acceso a las ayudas de emergencia, ampliar el personal de los servicios sociales municipales y en consecuencia, para que la cobertura de las necesidades básicas de las familias precarizadas y empobrecidas y con más dificultades económicas del municipio sea una cuestión prioritaria.
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, el 12 de agosto de 1992, y en sus casi 32 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre del 97 un punto de información sobre ayudas sociales, por el que han pasado 16.200 familias.
