Varias de estas personas han sido sancionadas por diferentes iniciativas en denuncia del despilfarro de cientos de millones de euros en el Tren de Alta Velocidad o subvenciones a las fábricas de armas vascas.
La iniciativa ha unido a personas contrarias al tren de alta velocidad (TAV), antimilitaristas y defensoras de los derechos sociales, para manifestar que en un contexto de alarmante inflación, crisis socio-sanitaria y dificultades económicas la intención del Gobierno Vasco es criminalizar a las familias empobrecidas e impulsar la aplicación de la Ley Mordaza a los colectivos que denuncian las insuficientes partidas presupuestarias para sanidad, educación, vivienda o prestaciones sociales.
La apuesta del Gobierno Vasco por criminalizar la pobreza es bien evidente. En concreto, el 19 de diciembre se incorporaron 15 personas a la Unidad de Control de Lanbide y el pasado 10 de octubre se renovó el convenio de colaboración con la Ertzaintza.
Sin orden judicial, ni amparo legal, Lanbide y la Ertzaintza pretenden irrumpir en miles de hogares con ánimo de fiscalizar enseres, armarios, neveras o cuartos de baño. Desde el Gobierno Vasco se estigmatiza y criminaliza de forma consciente a las familias usuarias de Lanbide. Miles de hogares empobrecidos señalados como proclives al “fraude”. Cuando, según datos del propio Gobierno Vasco, este es irrelevante: no llegando ni al 0,5%.
Gobierno Vasco que también persigue la protesta social que pretende evidenciar que la dilapidación de recursos destinados al TAV y el gasto militar no compensan necesidad alguna de la sociedad, pero sí suponen un derroche cuando necesitamos más escuelas, viviendas públicas, servicios sociales, hospitales o más prestaciones para las familias que sufren los actuales procesos de precariedad y pobreza en el contexto de crisis e incremento de los precios de los recursos básicos: alimentos, energía, alquileres e hipotecas.
Cabe destacar que el Gobierno Vasco ha aprobado subvencionar con 100 millones a las empresas de armas vascas y destinar 61 millones de euros a las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV).
Las organizaciones convocantes insisten en que seguirán movilizándose contra la criminalización de la pobreza y los recortes sociales mientras se incrementan las partidas destinadas a las obras del tren de alta velocidad (TAV) y el gasto militar.
