Amaia del Campo aprueba otra prórroga "ilegal" del contrato de la empresa de socorristas cuyos trabajadores llevan en huelga un año

Barakaldo, 14 may 2025 . La alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), ha decidido ampliar, por tercera vez y de forma "ilegal", el contrato con la empresa del servicio de socorristas en los polideportivos, cuyos trabajadores cumplen este mes  un año en huelga . En concreto, la mandataria ha decidido una extensión de otros seis meses, con un coste de 698.997,93 euros para los contribuyentes. El gasto se realiza a través del instituto municipal de deportes Barakaldo Kirolak. La empresa ya lleva ganados 2,7 millones de euros.

Protestan en pañales ante el Gobierno Vasco por la "criminalización de la pobreza"

Comunicado de Berri-Otxoak y Argitan. Desnudas, y tan solo cubiertas con pañales, varias personas activistas en denuncia de la pobreza, antimilitaristas y contra el tren de alta velocidad se manifiestan ante la sede del Gobierno Vasco en Bilbao en protesta por la criminalización de la pobreza y la aplicación de la Ley Mordaza a quienes denuncian los recortes sociales y el despilfarro en gasto militar y obras faraónicas.

Varias de estas personas han sido sancionadas por diferentes iniciativas en denuncia del despilfarro de cientos de millones de euros en el Tren de Alta Velocidad o subvenciones a las fábricas de armas vascas. 

La iniciativa ha unido a personas contrarias al tren de alta velocidad (TAV), antimilitaristas y defensoras de los derechos sociales, para manifestar que en un contexto de alarmante inflación, crisis socio-sanitaria y dificultades económicas la intención del Gobierno Vasco es criminalizar a las familias empobrecidas e impulsar la aplicación de la Ley Mordaza a los colectivos que denuncian las insuficientes partidas presupuestarias para sanidad, educación, vivienda o prestaciones sociales.

La apuesta del Gobierno Vasco por criminalizar la pobreza es bien evidente. En concreto, el 19 de diciembre se incorporaron 15 personas a la Unidad de Control de Lanbide y el pasado 10 de octubre se renovó el convenio de colaboración con la Ertzaintza. 

Sin orden judicial, ni amparo legal, Lanbide y la Ertzaintza pretenden irrumpir en miles de hogares con ánimo de fiscalizar enseres, armarios, neveras o cuartos de baño. Desde el Gobierno Vasco se estigmatiza y criminaliza de forma consciente a las familias usuarias de Lanbide. Miles de hogares empobrecidos señalados como proclives al “fraude”. Cuando, según datos del propio Gobierno Vasco, este es irrelevante: no llegando ni al 0,5%.

Gobierno Vasco que también persigue la protesta social que pretende evidenciar que la dilapidación de recursos destinados al TAV y el gasto militar no compensan necesidad alguna de la sociedad, pero sí suponen un derroche cuando necesitamos más escuelas, viviendas públicas, servicios sociales, hospitales o más prestaciones para las familias que sufren los actuales procesos de precariedad y pobreza en el contexto de crisis e incremento de los precios de los recursos básicos: alimentos, energía, alquileres e hipotecas.

Cabe destacar que el Gobierno Vasco ha aprobado subvencionar con 100 millones a las empresas de armas vascas y destinar 61 millones de euros a las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV).

Las organizaciones convocantes insisten en que seguirán movilizándose contra la criminalización de la pobreza y los recortes sociales mientras se incrementan las partidas destinadas a las obras del tren de alta velocidad (TAV) y el gasto militar.