La vecina del municipio Amaia Egaña se quitó la vida un 9 de noviembre del año 2012 cuando iba a ser desahuciada de su vivienda. Pasados once años los desahucios siguen vigentes al igual que la falta de una alternativa habitacional para las familias barakaldesas afectadas.
Las organizaciones sociales y sindicales han informado que un total de 2.225 familias han sufrido en la localidad el desahucio de su vivienda a lo largo de estos once años. Este último año han sido 198 las familias afectadas. El 89% de ellas, de una vivienda en alquiler; algunas incluso de la habitación en la que residen, así de grave es problema del acceso a una vivienda en el municipio.
Ante este luctuoso aniversario las entidades barakaldesas “demandan la aplicación del protocolo frente a los desahucios, y que tras la muerte de Amaia Egaña, se acordó en 2013 y fue renovado en febrero de 2019 por el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, que establece que los servicios sociales deben dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente que garantice una alternativa habitacional a todas las personas y familias afectadas por un desahucio”, han indicado las asociaciones promotoras de la movilización de este jueves ante el Palacio de Justicia de Barakaldo en recuerdo de la vecina de la localidad Amaia Egaña.
En el undécimo aniversario del suicidio de Amaia Egana, y ante la realidad de incrementos de precios de alquileres e hipotecas, “las organizaciones sociales y sindicales barakaldesas exigen el acatamiento institucional de las resoluciones del Defensor del Pueblo-Ararteko, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Disposiciones legales que obligan a garantizar una vivienda a las familias afectadas por un desahucio, y más cuando tienen menores a cargo.”
Colectivos y sindicatos instan al equipo de gobierno de Barakaldo a “dar marcha atrás a su política de recortes en el acceso a las ayudas de emergencia e incrementar la partida presupuestaria destinada a las ayudas económicas municipales para frenar el riesgo de desahucio, pues un 72% de estas prestaciones se destinan al acceso y mantenimiento de la vivienda habitual; además de mantener el plazo de solicitudes abierto durante los 12 meses del año, tal como lo regula la ley, pues el pasado 7 de noviembre se cerró dicho plazo hasta, como mínimo, cuatro meses".
Del mismo modo, se exige a las Administraciones públicas que apuesten por el alquiler social y por la dotación de un parque de viviendas municipales para el realojo inmediato de las familias afectadas por el desahucio de su residencia habitual.
Colectivos sociales y sindicales de Barakaldo: Argitan, Centro Asesor de la Mujer; Berri-Otxoak, plataforma contra la pobreza y por los derechos sociales, ELA, LAB, ESK, STEILAS, CGT y CNT
