Es un rechazo centrado en el modelo perseguido por el Ejecutivo autonómico destructivo, de pérdida de
soberanía sobre nuestro territorio y de negocio para las grandes empresas eléctricas y fondos buitre, que
pretenden imponer con la máxima celeridad, según afirmó la propia consejera Arantxa Tapia en sede
parlamentaria, en el procedimiento administrativo y desoyendo las miles de alegaciones presentadas por
diputaciones, ayuntamientos, colectivos sociales y particulares.
Para favorecer esa aceleración de los trámites, hemos visto como este verano los oligopolios eléctricos y
fondos buitre, conformando un lobby de presión, han presentado proyectos para construir centrales eólicas
en ZLS señalados en el PTS aún sin aprobación definitiva, persiguiendo una política de hechos consumados
que nos suma a la ciudadanía en la resignación y la impotencia.
Un ejemplo lo tenemos en nuestro propio municipio, el proyecto Iparaixe II en Argalario, promovido por la
empresa ERASP SPAIN, que no es más que una filial del fondo de inversión belga ASPERIVIA. Pretenden que
aceptemos sumisamente, bajo falsos pretextos de sostenibilidad, que renunciemos a suelo público en favor
de inversores privados que, convirtiendo nuestros montes en polígonos industriales, comercializarán la
energía generada al mejor postor, ingresando multimillonarios beneficios en sus bolsillos. Va a ser que NO,
no nos resignamos, no lo aceptamos.
Ante este modelo, el tejido social de la CAPV hemos coincidido en un mismo planteamiento “Renovables SI,
pero ASÍ NO”, porque estamos convencidas de que descarbonizar nuestro consumo de energía eléctrica es
una prioridad, como también lo es, y en igual grado, conservar y mejorar el medio natural y rural, ante los
retos que, ya inevitablemente, habremos de afrontar ante el cambio climático.
Ante la inacción gubernamental de las últimas décadas en la toma de medidas ante las terribles
consecuencias que se nos avecinaban por insistir en un modelo económico voraz que, en su única búsqueda
del beneficio cada vez mayor y cada vez más inmediato, esquilma los recursos de la tierra sin importarle los
desequilibrios que provoca en el planeta, no puede ser el mantenimiento de este mismo modelo la base para
hacer frente a la situación de emergencia climática generada.
La transición energética no sólo es una cuestión de “desfosilización”, sino también de cambio de modelos de
producción y de consumo, de los parámetros económicos en los que medimos el progreso, y de búsqueda
del reequilibrio de nuestra existencia, la de los seres humanos, con el planeta que nos acoge. Todo ello ha de
partir del consenso social. Algo imposible de lograr sin dar cauces de participación real a la sociedad,
empezando por nuestra propia casa.
Además, tras décadas menospreciando a colectivos ecologistas y desoyendo al mundo científico, quienes
están al frente de la Administración deben ser conscientes de que ya no hay margen para el error. O
cambiamos el rumbo o nos dirigimos al precipicio
