En terrenos públicos se ha decidido sortear el derecho a una vivienda: el Ayuntamiento de Barakaldo es propietario del 66,41% del suelo y la Diputación del 33,59% restante.
Ante el servicio de vivienda del Ayuntamiento de Barakaldo denuncia de la vulneración, por parte del consistorio fabril, del derecho a una vivienda digna: a lo largo de este mes de octubre las familias barakaldesas han de inscribirse en “Eretza, Sociedad de Gestión Urbanística” para poder acceder a una de las 78 viviendas protegidas en propiedad que el equipo de gobierno ha decidido sortear en el Grupo Mendia de Rontegi.
El sorteo del derecho a una vivienda digna “se realiza por la insuficiente dotación de un parque de viviendas públicas y viola un derecho regulado por ley al que se debería acceder en base a un baremo de prioridad por necesidad y no sortearlo impúdicamente.”
Además, el gobierno local impone requisitos de acceso imposibles de asumir para las cientos de familias barakaldesas que demandan una vivienda pública.
El número de familias inscritas en el servicio vasco de vivienda Etxebide como solicitantes de alquiler es de 4.285 unidades familiares, a las cuales se las sigue sin dar ninguna respuesta desde hace años.
Esta actitud no es un hecho aislado. El equipo de gobierno incumple de forma sistemática la actual legislación que exige dotar de una alternativa habitacional a las familias que sufren un desahucio o tengan dificultades para poder garantizar su acceso a una vivienda digna.
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, el 12 de agosto de 1992, y en sus 31 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado casi 16.200 familias.
