Protesta contra la decisión del Gobierno Vasco y Lanbide de impulsar una nueva campaña de estigmatización y criminalización de las personas y familias con dificultades para llegar a fin de mes, pensionistas, desempleadas o con empleos en precario.
Sin orden judicial, ni amparo legal, Lanbide y la Ertzaintza pretenden irrumpir en miles de hogares con ánimo de fiscalizar enseres, armarios y llegando a revisar cuartos de baño.
El nuevo cuerpo de inspectores creado por Lanbide se amplía este mes en 15 personas. En concreto, 19 personas piensan que pueden entrar en la totalidad de hogares de las familias perceptoras de prestaciones.
Se amenaza con un informe desfavorable en caso de denegar el acceso al domicilio a la Ertzaintza o al ampliado cuerpo de inspectores de Lanbide. Expediente que conllevará una suspensión o denegación del acceso a la RGI, al Complemento de Pensiones o Incentivos Empleo.
En esta dinámica de criminalización hay que tener en cuenta que la Ertzaintza lleva meses irrumpiendo en los domicilios de familias perceptoras de las prestaciones gestionadas por Lanbide.
Recortes y criminalización que se aplican cuando la “Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) 2022” certifica que un tercio de la población de la Comunidad Autónoma Vasca tiene serias dificultades para cubrir sus necesidades más básicas; en concreto, el 22,3% de la población. A sumar 159.737 personas en riesgo de pobreza, lo que supone el 7,4% de la población de la CAPV.
Desde la Ertzaintza y el Gobierno Vasco se estigmatiza y criminaliza de forma consciente a las familias usuarias de Lanbide. Miles de hogares señalados como proclives al “fraude”. Cuando, según datos del propio Gobierno Vasco, este es irrelevante: no llegando ni al 0’5%.
La intención declarada, y evidente, es expulsar del sistema de protección social a las personas pensionistas, desempleadas o con un empleo precario que residen en nuestra comunidad.
