En concreto, la alerta ha sido planteada por la máxima autoridad técnica en materia de cuentas, el interventor municipal, al que una vez más, el equipo de Gobierno ha optado por desacreditar, sosteniendo que sus afirmaciones no son válidas.
De hecho, al respecto de este asunto, Del Campo ha llegado a afirmar, tras escuchar las advertencias y la afirmación expresa de que se incumple la ley, que "no hay ninguna duda sobre la legalidad" de los planes municipales, que están "avalados por el secretario municipal".
El motivo del enésimo choque entre los políticos del PNV y el técnico ha sido la aprobación del denominado 'Marco estratégico de Administración electrónica del Ayuntamiento de Barakaldo y de sus organismos dependientes'.
El debate, a puerta cerrada en la sesión de la junta de Gobierno, ha supuesto que la opinión técnica del funcionario se haya encontrado con que dos políticos, el concejal de Alcaldía Gorka Zubiaurre (PNV) y la alcaldesa, Amaia del Campo, hayan señalado abiertamente que no están de acuerdo y, en consecuencia, hayan hecho oídos sordos y aprobado el proyecto cuya legalidad ha quedado en cuestión.
Entre otros aspectos, el interventor ha recordado que desde 2021 hay que cumplir las leyes 39/2015 y 40/2015 en materia de administración electrónica, pero no es el caso del Ayuntamiento de Barakaldo. Ejemplo de ello es que se obliga a proporcionar una dirección de notificación física aunque el ciudadano tenga derecho a ser notificado electrónicamente.
Además, ha alertado de que no hay una verificación de la identidad de las personas que usan las llamadas oficinas electrónicas o cajeros automáticos para gestiones municipales, y ha indicado que no es posible realizar electrónicamente todo un procedimiento administrativo. "Todo eso es inexistente hoy en día en este Ayuntamiento", ha advertido el alto funcionario.
Pero los políticos del PNV en la alcaldía han discutido las consideraciones técnicas, han negado la veracidad de las afirmaciones del interventor y han alegado que el Ayuntamiento de Barakaldo ha recibido supuestamente repetidos premios por sus innovaciones en cuanto a gestión electrónica.
"Toda actuación de la Administración pública debe encaminarse a dar cumplimiento al principio de legalidad, eficacia y eficiencia", ha advertido el funcionario, indicando que el objetivo no puede ser buscar reconocimientos de otros "que no tienen ninguna responsabilidad en el cumplimiento del principio de legalidad de esta Administración".
