La vecina del municipio Amaia Egaña se quitó la vida un 9 de noviembre del año 2012 cuando iba a ser desalojada de su vivienda. Pasados diez años los desahucios siguen vigentes al igual que la falta de una alternativa habitacional para las familias barakaldesas afectadas.
Las organizaciones sociales y sindicales han informado que un total de 2.027 familias han sufrido en la localidad el desahucio de su vivienda a lo largo de estos diez años y que en promedio, son cuatro las familias barakaldesas que cada semana padecen esta situación. El 87% de ellas de una casa en alquiler; algunas incluso de la habitación en la que residen, así de grave es el problema del acceso a una vivienda en el municipio.
Ante este luctuoso aniversario las entidades barakaldesas “demandan la aplicación del protocolo frente a los desahucios, y que tras la muerte de Amaia Egaña, se acordó en 2013 y fue renovado en febrero de 2019 por el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, que establece que los servicios sociales deben dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente que garantice una alternativa habitacional a todas las personas y familias afectadas por un desahucio”, han indicado las asociaciones promotoras del homenaje.
En el décimo aniversario del suicidio de Amaia Egana, y la realidad de incrementos de precios de alquileres e hipotecas, “las organizaciones sociales y sindicales exigen el acatamiento institucional de las resoluciones del Defensor del Pueblo-Ararteko, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que obliga a garantizar una vivienda a las familias afectadas por un desahucio, y más cuando tienen menores a cargo".
Colectivos y sindicatos instan al equipo de gobierno de Barakaldo a “dar marcha atrás a su política de recortes en el acceso a las ayudas de emergencia e incrementar la partida presupuestaria destinada a las ayudas económicas municipales para frenar el riesgo de desahucio, pues un 68% de estas prestaciones se destinan al acceso y mantenimiento de la vivienda habitual; además de mantener el plazo de solicitudes abierto durante los 12 meses del año, tal como lo regula la ley, pues el 3 de noviembre se cerró dicho plazo hasta, como mínimo, cuatro meses".
Del mismo modo, se exige a las Administraciones públicas que apuesten por el alquiler social y por la dotación de un parque de viviendas municipales para el realojo inmediato de las familias afectadas por el desahucio de su residencia habitual.
Colectivos sociales y sindicales de Barakaldo
-Argitan, Centro Asesor de la Mujer; Berri-Otxoak, plataforma contra la pobreza y por los derechos sociales
-ELA, LAB, ESK, STEILAS, CGT y CNT
