Queremos decidir cómo queremos vivir, cómo queremos ser cuidadas cuando no podamos hacerlo por nosotras mismas, y cómo queremos morir. Tal y como recoge la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 25.
A lo largo de este año nuestras pensiones han perdido poder adquisitivo por el incremento de los precios y por la aplicación del nuevo índice de revalorización de las pensiones de la Ley 21/2021.
Observamos con indignación que mientras salarios y pensiones disminuyen los beneficios de los oligopolios financieros y de la energía crecen sin control; los precios no se incrementan por los salarios o las pensiones; la inflación es la consecuencia de mejorar los beneficios empresariales a costa de elevar los precios. Como ejemplo, sólo en el primer semestre de 2022 las empresas del Ibex 35 obtuvieron un beneficio récord de 48.838 m/e.
Las personas mayores tenemos cada vez más dificultades para acceder a unas condiciones de vida dignas y lejos de las promesas institucionales de mejorar los servicios de atención a la dependencia las cosas continúan empeorando. La aplicación de la legislación vigente y los recortes de los últimos años no cubren la demanda social de servicios ni las necesidades de las personas usuarias y trabajadoras.
El sector sociosanitario es un sector feminizado, la mayoría son mujeres, con unas condiciones precarias e indignas y con grandes brechas salariales con respecto a otros sectores masculinizados.
Los equipamientos sociosanitarios, entre ellos las residencias, nacieron como un servicio público de Ayuntamientos y Diputaciones. Sin embargo, los afanes privatizadores y economicistas de las distintas administraciones han derivado en un modelo de negocio y lucro, basado en criterios mercantiles que buscan la rentabilidad económica.
El actual modelo de los servicios de atención a la dependencia que quedó en evidencia con la pandemia y convirtió las residencias en centros de aislamiento donde se han vulnerado los derechos de las personas mayores sigue sin garantizar los servicios necesarios para que las personas que están en ellas tengan garantizadas una atención integral las 24 horas del día.
Exigimos la obligatoriedad de unidades socio geriátricas y sociosanitarias en los centros residenciales. Solicitamos un modelo de calidad con criterios claros de proceso y resultados, así como planes de atención individualizados, que sean de obligado cumplimiento, no recomendaciones.
Exigimos a las Administraciones que a través del diálogo y la participación de los agentes sociales se abran a repensar un modelo de cuidados público, cercano, digno y de calidad y dote de recursos materiales, económicos y humanos suficientes para hacer cumplir el derecho universal y subjetivo a una asistencia sociosanitaria.
Exigimos así mismo pensiones públicas dignas justas y suficientes que permita a las personas acceder a unas condiciones de vida dignas.
Por estas razones el día 1 de Octubre hemos salido a la calle en las movilizaciones de las cuatro capitales de Euskal Herria
