Ataviadas con buzos anticontaminación, escobas en mano, y pertrechadas con bolsas y cubos de basura, han "barrido" los recortes del gobierno local denunciados por el Defensor del Pueblo por endurecer los requisitos de acceso y reducir la cuantía de las prestaciones a las que tienen derecho las familias de Barakaldo para hacer frente a sus necesidades más básicas.
El recorte este año en un 24% del presupuesto destinado a las Ayudas Económicas Municipales (AEM) reafirma que la intención del gobierno municipal no es "repartir el poco presupuesto para ayudas entre la mayor cantidad de población posible" sino vulnerar los derechos que asisten a las miles de personas y familias que en Barakaldo tienen empleos precarios, están desempleadas o perciben pensiones de miseria.
Desde Berri-Otxoak han declarado que estos recortes no son producto de la casualidad. “La falta de un presupuesto suficiente conlleva aplicar recortes a unos servicios sociales saturados, endurecer los requisitos de acceso a las ayudas de emergencia o a recortar de forma sistemática la asignación económica a percibir por las familias más necesitadas, más si cabe teniendo en cuenta las consecuencias económicas y sociales que está conllevando la pandemia del coronavirus y el actual contexto bélico”.
El gobierno local reconoce que "los recursos económicos en concepto de Ayudas de Emergencia Social (AES) son insuficientes para subvencionar la demanda de los vecinos del municipio." Sin embargo, en lugar de ampliar los recursos destinados a esta prestación decidió imponer un formulario ilegal que recortaba el derecho de acceso a las ayudas sociales en Barakaldo.
El Defensor del Pueblo ha cuestionado recientemente este modelo de solicitud por la vulneración de derechos que conlleva. Esta denuncia pública de la defensoría del pueblo ha obligado al gobierno local a cambiar el formulario de solicitudes para el año que viene, mientras durante 2 años ha vulnerado de forma reiterada y consciente los derechos de las 2.500 familias que cada año solicitan el acceso a las ayudas de emergencia en la antaño localidad fabril.
Formulario que, por cierto, a día de hoy se sigue aplicando y obliga a las familias a elegir entre varios de los conceptos que cubren estas prestaciones al introducir una cláusula en el escrito de solicitud que excluye la elección simultánea de los conceptos de alquiler y de cobertura de necesidades básicas tales como alimentación, atención sanitaria no cubierta por Osakidetza como dentista u oculista o los gastos de comunidad, luz y agua.
Otro recorte, denunciado por el Defensor del Pueblo y que el gobierno local sigue aplicando, es el límite de ahorro del que puede disponer una familia. Hay que tener en cuenta que ese límite está establecido por el Gobierno Vasco en 37.543,68 euros para una sola persona (y en 43.075,68 si se es pensionista). Sin embargo el equipo de gobierno ha decidido limitarlo a 20.000 euros, dejando sin derecho a una ayuda de emergencia a quien supere esa cuantía. Para más inri, este año el Ayuntamiento también ha decidido recortar en un 50% la cuantía a la que tuvieran derecho aquellas familias con un ahorro superior a los 10.000 euros.
Además, deniega -de forma ilegal- el acceso a las ayudas de emergencia a aquellas personas trabajadoras en el régimen de autónomos y que tengan en propiedad el local donde desarrollan su actividad o negocio.
Por otro lado, el gobierno municipal ha decidido recortar las cuantías establecidas por el Gobierno Vasco para cubrir las necesidades más básicas de las familias barakaldesas. Recorte que también ha sido criticado en un reciente dictamen por parte del Defensor del Pueblo. Resolución en la cual recuerda al gobierno local que es al Gobierno vasco a quien compete el desarrollo normativo en materia de garantía de ingresos y de inclusión social.
Los recortes aplicados en Barakaldo alcanzan un 50% a lo establecido por el Gobierno Vasco. Así,
-Para atención sanitaria, necesidades básicas, educación y alimentación, de 1.850 euros establecidos por el Gobierno Vasco el gobierno local establece una cuantía máxima a percibir de 1.000 euros.
-Para energía, de 1.500 a 500 euros o 200 si se tiene concedido el bono social.
-Electrodomésticos, de 1.850 a 350 euros.
-Gastos de adaptación y reparación de la vivienda, de 1.850 euros a 600 euros.
-Gastos de disfrute y mantenimiento de la vivienda habitual (luz, agua, IBI, alcantarillado), de 900 a 800 o 500 si se reside en una vivienda en alquiler.
-Gastos de instalaciones básicas de la vivienda, de 1.850 a 1.000 euros.
La asociación barakaldesa contra la precariedad y la pobreza denuncia que nuevamente el equipo de gobierno incumple la “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas” que señala el derecho de las personas a comunicarse con la Administración en cualquier momento del año. Este año el plazo de cierre de solicitudes será el 3 de noviembre; cuando, sin ir más lejos, el consistorio de Bilbao atiende los 12 meses del año.
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, el 12 de agosto de 1992, y en sus 30 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado casi 15.000 familias.
