Este mes de junio va a ser capital, el ministro Escrivá espera poder aprobar el segundo plan de la reforma de Pensiones.
Para explicar este asunto vamos a retomar, mejor dicho extractar, un artículo del compañero Luis Alejos que eldiario.es publicó el 25 de abril, de este año, y que refleja claramente la situación. Artículo que eldiario.es ha vuelto a publicar el pasado 25 de mayo debido a su interés y actualidad, su título “El impacto de los planes privados de empresa sobre el futuro de las pensiones públicas”. Y dice así: El modelo Escrivá es un sistema de capitalización inspirado en las EPSV de Euskadi, un producto financiero implantado sobre todo en las instituciones vascas, que compite con las pensiones públicas, agudiza las desigualdades sociales, favorece a las rentas salariales altas y otorga privilegios fiscales. El Gobierno está obligado a tener aprobado la reforma a finales de junio, a fin de cumplir con el plan de recuperación y recibir las siguientes ayudas del fondo europeo Nex Generation.
El objetivo declarado de la actual reforma es consolidar el segundo pilar de previsión social complementaria mediante planes de pensiones de empresa. A tal fin destacan estas medidas: 1) Crear un fondo público gestionado por el sector privado. 2) Generalizar su implantación mediante la negociación colectiva, sobre todo a nivel sectorial. 3) Acoger en el plan a trabajadores de rentas medias, bajas y autónomas. 4) Reducir los costes de gestión para que los planes sean más rentables. 5) Ofertar nuevos incentivos fiscales que los hagan más atractivos.
Para prever los efectos de los futuros planes de pensiones de empresa basta compararlos con las EPSV de Euskadi, modelo de referencia reconocido por el propio ministro Escrivá. Este sistema sólo se ha logrado implantar en los tres niveles de la administración pública vasca, que agrupa a 143.000 trabajadores, y en grandes empresas de Gipuzkoa, en particular la Corporación Mondragón. La razón es obvia: para poder contratar cualquier plan de pensiones hay que disponer de un nivel de renta medio o alto. Con un empleo precario ni se puede ahorrar ni hay nada que desgravar.
Las pensiones públicas tienen dos problemas básicos interdependientes: pensiones mínimas y brecha de género. Los planes privados de empleo no contribuyen a resolverlos, al ser productos financieros que requieren capacidad de ahorro y están concebidos para favorecer a rentas salariales medias y altas, mientras las bajas son de subsistencia. Lo más grave es que esos planes de inversión cotizan menos de lo que deberían a la seguridad social y se benefician de desgravaciones fiscales. Por tanto, adolecen de faltan de equidad e intensifican las desigualdades sociales. Se trata de práctica económica extractiva contraria al bien común.
El ministro Escrivá cae en una flagrante contradicción al proclamar de forma reiterada la sostenibilidad de las pensiones públicas. El pasado 10 de abril declaraba en una entrevista publicada en La Razón: “A los pensionistas hay que decirles que hemos dado un paso decisivo para que su poder adquisitivo esté garantizado de forma permanente. Deben estar tranquilos”. El Sr. Escrivá es consciente de que el método válido para lograr pensiones dignas es tener buenos salarios. Lo recordaba el 27 de enero de 2022 en psoe.es: “No hay política que refuerce más nuestro sistema de pensiones que la creación de empleo y más si ese empleo es de calidad, como muestra el incremento de empleo indefinido”. De modo que no tiene sentido impulsar desde el Gobierno planes privados de empresa. El único motivo creíble para lanzar tales productos financieros, pensando siempre en los intereses de las rentas medias y altas, es una futura reducción drástica de las pensiones públicas que condenaría a las rentas bajas al empobrecimiento.
En ese escenario se sitúan algunas plataformas de pensionistas que pronostican la privatización de las pensiones públicas. Pudiera ocurrir que futuras reformas, tales como la ampliación del periodo de cotización de 25 a 30 años, continuasen reduciendo la tasa de reemplazo que ahora ronda al 72 % del último salario. Es probable que se intente ir hacia el modelo mixto público - privado que predomina en Europa. Ya lo tenemos en los otros dos pilares del estado de bienestar: sanidad y enseñanza. La privatización, sistema neoliberal que fracasó en Chile, es conflictiva, no resulta funcional. Aunque a largo plazo cabe imaginar nuevas reducciones de las pensiones públicas, sorprende que esa posibilidad preocupe más a algunos pensionistas de hoy que a la mayoría de los de mañana. Ese rechazo a los planes privados de empleo, más allá de sus nefastas consecuencias, sitúa en un segundo plano la demanda primordial: equiparar las pensiones mínimas con el SMI para suprimir las pensiones de miseria y reducir la brecha de género.
¡El Pueblo Informado y Concienciado, jamás será doblegado!, y... ¡Gobierne quien gobierne las pensiones y todo lo público se defiende!
Barakaldo a 1 de junio de 2022
