El nuevo borrador para reformar la ley de la RGI pretende recortar aún más los ingresos del colectivo de personas solas, pensionistas y del de las familias con menores a cargo.
En concreto, el documento oficial mantiene entre el 20% y un tercio de los recortes aplicados desde el año 2012 a las cuantías de la RGI. Asimismo, se retira la actual indexación de la cuantía de la prestación al 100% del SMI para la personas pensionistas y al 88% para el resto de unidades de convivencia. La cuantía se establecerá sin ningún criterio claro, al albur de lo que crea conveniente el Gobierno Vasco de turno.
Según la actual legislación, la RGI debería situarse en 1.026€ mensuales (en 12 pagas); sin embargo, esta nueva normativa la sitúa en 737 euros, lo que supone dejar de percibir 289€ mensuales. Las familias pensionistas, o con personas dependientes verán recortados sus derechos y cuantías de las prestaciones que les corresponden por la actual normativa, en 233€ mensuales. En concreto, el complemento de pensiones que gestiona Lanbide debía ser según la actual regulación de 1.167€ (en 12 pagas) y se establecerá según el nuevo proyecto en 934 euros mensuales.
Ratifica uno de los principales recortes introducidos en el año 2012: se penaliza a las personas que comparten pisos de alquiler: “cuando en un mismo domicilio resida más de una unidad de convivencia, sea beneficiaria o no de la RGI, la cuantía se recortará aplicando un índice corrector a la baja del 15%”. Castigando, de este modo, a las personas y familias más vulnerables y precarias que son las que se ven obligadas a compartir piso.
El proyecto de reforma de la RGI conserva los recortes a las ayudas al alquiler: de los 320 euros del 2011 con la nueva redacción serán 275 euros mensuales. Cuantía que no cubre ni el precio medio de una habitación en alquiler.
Además este texto de reforma de la RGI mantiene el último recorte realizado por Lanbide a la familias monomarentales perceptoras de la RGI a través de su Instrucción interna JAR-DBE-023, que imposibilita su independencia económica si son acogidas por sus familiares producto de una separación, divorcio o desahucio y si sus menores superan una determinada edad, que con la nueva redacción serán los 3 años.
Se continúa en la senda de la criminalización de la pobreza. El anteproyecto de ley insiste en el empleo de sistemas biométricos, como la huella dactilar y reconocimiento facial. Hecho cuestionado por la “Agencia Española de Protección de Datos” a raíz de la denuncia de varias personas usuarias de las oficinas del Lanbide del barrio barakaldés de Cruces.
Se estigmatiza a las familias usuarias como proclives al “fraude”, cuando este es irrelevante: no llegando ni al 0’5% de todas las prestaciones gestionadas. Es más, se llega a escribir que personal de Lanbide podrá “acceder al domicilio de las personas titulares de las prestaciones”.
El Gobierno Vasco ahonda en la brecha digital al demandar que la tramitación a la RGI sea por medios electrónicos: “Lanbide-Servicio Vasco de Empleo sustanciará por medios electrónicos los procedimientos” y las comunicaciones y notificaciones serán, también, por medios electrónicos: “a través de correo electrónico, del canal telefónico, ya sea fijo, móvil o por internet”.
Según la memoria económica esta reforma de la RGI supondrá un coste de 42 millones de euros. El ahorro del Gobierno Vasco a cuenta de la gestión del IMV será de 188 millones de euros. El Gobierno Vasco recorta el sistema de garantía de ingresos cuando se va a “ahorrar”, como mínimo, 146 millones de euros. Esto es: existen recursos para revertir los recortes aplicados durante la última década y ampliar los derechos sociales
En el actual contexto de reforma de la actual RGI cabe recordar que en sus 33 años de historia ha sido incapaz de proteger a todas las personas en riesgo de pobreza y exclusión, ya que cada año, aproximadamente, un tercio de la población en riesgo de exclusión social no accede al sistema de garantía de ingresos: 54.197 personas en 2020; y las personas que acceden a la RGI no sale de la pobreza: 67.306 personas en 2020.
Esta reforma de la RGI se realiza cuando las situaciones de pobreza se han visto agravadas por el actual contexto bélico y estos años de pandemia y crisis social. Cabe destacar que los recortes recogidos en esta nueva propuesta de reforma de la RGI repercuten de forma directa en las 727.897 personas -un tercio de residentes en la CAPV-, que tiene serias dificultades para llegar a fin de mes: en concreto, la “Encuesta de Pobreza y Desigualdades del Gobierno Vasco”, señala que un 19’9% de la población (432.219 personas) manifiesta una situación de pobreza; un 8% (174.176 personas) está en riesgo de pobreza; y el 5’6% (121.502 personas) se encuentra en situación de pobreza real.
Asimismo, el Gobierno Vasco señala que la pobreza infantil crece un punto y medio en los dos últimos años hasta alcanzar a un 11,7% de la población menor de 14 años: 92 000 niños y niñas en la CAV están en peligro de pobreza, principalmente en hogares encabezados por mujeres.
Según la realidad que corroboran estos datos, solo cabe concluir que “la actual reforma de la RGI se hace a espaldas de las personas y familias más vulnerables y precarizadas, empobreciendo aún más a quienes menos tienen".
