Esta Plataforma de Pensionistas de Barakaldo, volveremos de nuevo a la Herriko Plaza el miércoles 4 de mayo de 2022 a las 12:00
El impacto de los planes privados de empresa sobre el futuro de las pensiones públicas Se trata pues de la reforma de un Gobierno que se declara de izquierdas y va a necesitar el apoyo de las derechas para sacar adelante una de las iniciativas más significativas de la legislatura, pero que no pasará a la historia como una medida progresista. El programa trazado por el ministro José Luis Escrivá para reducir los gastos de la Seguridad Social a costa de rebajar las futuras pensiones públicas encajan en la nueva normativa sobre planes privados de empleo. Este proyecto, asumido sin contratiempos en la comisión del Pacto de Toledo y aprobado con amplia mayoría en el Congreso, está despertando recelos y rechazos en su tramitación parlamentaria. Los grupos de izquierda que sostienen al Gobierno de coalición e incluso Unidas Podemos presentan enmiendas al proyecto. Era previsible, el modelo Escrivá es un sistema de capitalización inspirado en las EPSV de Euskadi, un producto financiero implantado sobre todo en las instituciones vascas, que compite con las pensiones públicas, agudiza las desigualdades sociales, favorece a las rentas salariales altas y otorga privilegios fiscales. Tal es así que el rechazo al proyecto Escrivá del sindicato nacionalista LAB le ha movido a reconsiderar hasta su implicación en las EPSV, tras 25 años apuntalándolas.
Fondo público con gestión privada - La nueva ley de planes de pensiones de empleo sustituirá a la que los regula desde el año 2002, habiendo sido creados en 1987 para desarrollar los instrumentos de previsión social complementaria previstos en la Constitución. La actual reforma responde a la 16a recomendación de los acuerdos del Pacto de Toledo del 2020, orientada a impulsar fondos de pensiones de empleo a través de la negociación colectiva. Aunque el plan se establece en el marco empresarial, de entrada no lo asumen ni patronal ni sindicatos. Tampoco agrada a la banca y otras entidades financieras, dado que afecta a su negocio en los planes de pensiones individuales. Las reticencias irán desapareciendo cuando se calculen las ventajas que aporta el plan en materia de beneficios fiscales, deducciones en bases de cotización y participación en la gestión. El Gobierno está obligado a tener aprobado la reforma a finales de junio, a fin de cumplir con el plan de recuperación y recibir las siguientes ayudas del fondo europeo.
El objetivo declarado de la actual reforma es consolidar el segundo pilar de previsión social complementaria mediante planes de pensiones de empresa. A tal fin destacan estas medidas: 1) Crear un fondo público gestionado por el sector privado. 2) Generalizar su implantación mediante la negociación colectiva, sobre todo a nivel sectorial. 3) Acoger en el plan a trabajadores de rentas medias, bajas y autónomos. 4) Reducir los costes de gestión para que los planes sean más rentables. 5) Ofertar nuevos incentivos fiscales que los hagan más atractivos. El punto débil del plan es evidente: encomendar al sector privado un proyecto público puede acabar en rescates como el de las autopistas radiales de Madrid o el “banco malo” Sareb en el sector inmobiliario. El hecho de que al frente del proyecto esté una entidad pública no evita los riesgos que conlleva la gestión privada, necesariamente con ánimo de lucro. Siendo un fondo de promoción pública debería tener gestión pública. Muchos negocios con la garantía del Estado acaban en socialización de pérdidas. Este plan, definido por el volumen de capitalización como superfondo y macrofondo, puede acabar en un rescate monumental, como el de la banca en la crisis del 2008, que superó los 77.000 millones de euros y según el Banco de España no se podrán recuperar 60.600 millones de euros.
Para prever los efectos de los futuros planes de pensiones de empresa basta compararlos con las EPSV de Euskadi, modelo de referencia reconocido por el propio ministro Escrivá. Este sistema sólo se ha logrado implantar en los tres niveles de las administración pública vasca, que agrupa a 143.000 trabajadores, y en grandes empresas de Gipuzkoa, en particular la Corporación Mondragón. La razón es obvia: para poder contratar cualquier plan de pensiones hay que disponer de un nivel de renta medio o alto. Con un empleo precario ni se puede ahorrar ni hay nada que desgravar.
Las ventajas fiscales serán de dos tipos: 1) Las empresas podrán dejar de cotizar a la Seguridad Social hasta 115 euros al mes por trabajador, lo cual supone un ahorro individual de cerca de 400 euros al año. 2) El personal vinculado al plan podrá reducir su cuota del IRPF hasta 8.500 euros, que sumados a un posible plan privado alcanzaría los 10.000 euros. La Agencia EFE decía el 24 de octubre de 2021: “según se detalla en el plan de recuperación, transformación y resiliencia remitido a Bruselas, se busca que en 2030 haya 13 millones de trabajadores partícipes en estos planes y que, a más largo plazo, cubran al 80 % de la población activa ocupada”. Haciendo cuentas, a razón de 400 euros por persona, esas cifras suponen que la Seguridad Social dejaría de ingresar 5.200 millones de euros al año. Son incentivos que merman los ingresos de la caja de la caja común de las pensiones y de las haciendas públicas, favoreciendo a quienes más ganan a costa del resto de la población asalariada.
Por otro lado, esta Plataforma de Pensionistas de Barakaldo seguiremos insistiendo en que este Gobierno debe revalorizar las pensiones con el IPC Real, y las pensiones mínimas deben igualarse al SMI eliminando mucha brecha de género , paliando considerablemente la pobreza. ¡El Pueblo Informado y Concienciado, jamás será doblegado!, y... ¡Gobierne quien gobierne las pensiones y todo lo público se defiende! Barakaldo a 20 de Abril de 2022
