Cansadas de la política "antisocial" llevada a cabo por el equipo de gobierno local, varias personas se han concentrado ante el Departamento Social del Ayuntamiento de Barakaldo caracterizadas de “corazones” para escenificar el “amor a los recortes” que siente el equipo de gobierno, liderado por la alcaldesa Amaia del Campo (PNV) y el portavoz del grupo municipal Alfredo Retortillo (PSE), los cuales han “participado” en esta protesta.
Cabe destacar que el gobierno municipal congela, por noveno año consecutivo, el presupuesto para las ayudas económicas en 960.000 euros, sin atender a la crisis provocada por la pandemia de la covid-19.
Buena prueba de este “amor a los recortes” es que, no satisfecho ante la insuficiente partida presupuestaria destinada a las ayudas económicas municipales, el gobierno local ha decidido endurecer los requisitos de acceso a las mismas, ha recortado en un 20% la asignación a percibir por las familias con graves dificultades económicas y ha denegado sistemáticamente el acceso a las subvenciones para “gastos relativos a las necesidades primarias”, las cuales permiten cubrir carencias tan básicas como la alimentación.
A fin de evitar aumentar la dotación presupuestaria para gasto social, el Ayuntamiento de Barakaldo se ha acogido a una disposición del Gobierno Vasco que habilita a los consistorios a denegar las prestaciones económicas a las familias que reúnan los requisitos “en caso de no existir un crédito consignado suficiente para atender el conjunto de situaciones de emergencia”, la cual le ha sido aplicada a casi un centenar de familias de la localidad.
Por último, el equipo municipal vulnera doblemente la “Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”, que exige a la institución local mantener el plazo de solicitudes de las ayudas de emergencia abierto durante los 12 meses del año y limitar el tiempo de tramitación de los expedientes a un máximo de 2 meses. El Ayuntamiento de Barakaldo cierra el plazo de solicitud durante 4 meses y demora la tramitación hasta los 7.
Un ejemplo de cumplimento de la normativa es la actuación del Ayuntamiento de Bilbao. El cual ha acordado que permanezca abierto durante los 12 meses del año la posibilidad de solicitar una ayuda de emergencia.
Esta política de recortes del equipo de gobierno ha conllevado que el Ararteko abra expediente al Ayuntamiento de Barakaldo debido a las múltiples vulneraciones de derechos a la población precarizada y por sus reiteradas irregularidades en materia social.
El defensor del pueblo interviene ante la situación generada a decenas de familias que vieron imposibilitado el acceso a las ayudas de emergencia los años 2020 y 2021. Pese a que estas familias cumplían los requisitos y entregaron la documentación exigida en tiempo y forma, no se les abonó su ayuda de emergencia alegando que “no queda acreditada la entrega de toda la documentación solicitada.”
A esta política de recortes se le debe sumar la falta de personal encargado de gestionar las solicitudes (trabajadoras sociales y personal administrativo) del “Equipo de Ayudas Económicas”, situación que provoca demoras injustificables para unas prestaciones destinadas a circunstancias de “emergencia social”.
Las personas participantes en la movilización exigen una política social consecuente con la actual situación de crisis provocada por la pandemia, que requiere de una mayor inversión en presupuesto, en personal de los servicios sociales municipales y en consecuencia, para que la cobertura de las necesidades básicas de las familias con más dificultades económicas de la localidad sea prioritaria.
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, en agosto del año 1992, y en sus 30 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 14.000 familias.
