Tras esta primera inspección han salido a la luz hechos tan graves como que personas residentes estuvieran atadas sin prescripción médica, que la trabajadora de la limpieza tuviera que realizar tareas de gerocultora o descubrir que el centro carecía de recursos materiales y médicos, lo que supuso que una de las personas mayores estuviera una semana entera sin poder tomar el tratamiento que necesitaba. También se ha destapado que una empleada que se encontraba en otra residencia realizando el turno de noche tuviera que simultanear la atención a personas usuarias en ambos centros.
Ante la gravedad de estos hechos, finalmente, el 12 de octubre la Diputación ordenó el cierre temporal de la residencia. Sin embargo, desde Elkarrekin Barakaldo, coalición formada por Podemos, Ezker Anitza-IU, Equo Berdeak e independientes, han señalado, a través de su concejala Mariví Freire, que “Mucho nos tememos que este centro pueda volver a abrir, dado que el cierre es cautelar y la empresa tiene 15 días para solucionar todas las deficiencias. Solicitamos sanciones y aplicación de medidas que no permitan que esta misma empresa pueda ponerse al frente de otra residencia en el futuro. Ha quedado demostrado que su objetivo no era el cuidado de personas residentes.”
La coalición, así mismo, ha demandado el aumento de las inspecciones y de la plantilla de la Diputación, que actualmente cuenta con sólo 7 inspectores e inspectoras para todo Bizkaia, quienes, además de centros residenciales, tienen que visitar otro tipo de centros sociales con la consecuente carga de trabajo. “Es inadmisible que haya tenido que transcurrir un mes y medio entre la denuncia y la primera inspección. Con el mes de agosto de por medio mucho nos tememos que, o bien carecían de personal suficiente, o bien el volumen de las denuncias presentadas es superior a la capacidad de respuesta de la Diputación”, ha apuntado Freire. La edil también ha querido remarcar que la residencia contaba con plazas concertadas con el Ayuntamiento, quien no pidió el traslado de su residente hasta una vez conoció el cierre de la residencia.
