El motivo de esta petición de amparo, que se realiza en el contexto de las iniciativas en torno al 8 de Marzo, se debe a que el pasado 14 de diciembre, el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide remitió a su personal tramitador la Instrucción JAR-DBE-023, que impide a familias monomarentales con menores a cargo que superen los 2 años de edad percibir la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) como una unidad convivencial diferenciada dentro de otra unidad formada por parientes de la progenitora con el menor a cargo.
Este recorte afecta a madres solteras, separadas, divorciadas o viudas que tienen o adoptan una niña o niño con una edad superior a 24 meses.
Los cambios de criterio impuestos por esta directriz modifican lo establecido en el artículo 5.2. del Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos, que dispone que personas con menores de edad a su cargo (sin limitación alguna en la edad de menor) podrán formar una unidad de convivencia diferenciada de la unidad convivencial que reside en la misma vivienda por un periodo máximo de 12 meses, excepcionalmente prorrogable por un nuevo periodo de 12 meses.
Los colectivos convocantes han recalcado que esta instrucción desprotege por una parte a las niñas y niños menores al pasar por alto la “recomendación general del Ararteko 2/2015, de 8 de abril, sobre la obligada consideración al interés superior del menor en las políticas públicas y, en especial, en el sistema de garantía de ingresos”, además de varias sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
Por otra parte, destacan que este nuevo recorte de derechos también lo sufrirán principalmente aquellas mujeres que se ven obligadas a volver a casa de sus familiares más directos por no poder hacer frente a empleos precarios, abusivos alquileres y alto coste de la cesta de la compra o recursos básicos como la luz.
“A pesar de las campañas institucionales de respeto a los derechos de las mujeres o contra la violencia machista, a la hora de la verdad los servicios públicos, como Lanbide, no tienen en cuenta las situaciones concretas y reales que sufren las mujeres: precariedad y feminización de la pobreza”, han advertido estas organizaciones sociales.
Tras hacerse público el cambio de criterio establecido en la mencionada Instrucción, la viceconsejera segunda y consejera de Trabajo y Empleo Idoia Mendia negó reiteradamente en consulta parlamentaria un cambio en el criterio de interpretación y aplicación del decreto por parte de Lanbide. Asimismo, en varias sentencias dictadas por el TSJPV se evidencia que no hay una unidad en el criterio a aplicar sobre este tipo de situaciones, lo cual, en opinión de las asociaciones, resulta "desconcertante e indignante a partes iguales".
“Este caso es la gota que colma el vaso en relación a la actuación del Gobierno Vasco y sus agencias hacia los derechos de las mujeres. No es un caso puntual; Lanbide ha negado y sigue negando repetidamente la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a mujeres que han visto vulnerados sus derechos o han sufrido violencia machista y hasta la fecha, la entidad goza de total impunidad sin que nadie tome decisiones políticas que fuercen un cambio en su actuación”, han denunciado.
Colectivos, asociaciones de mujeres, entidades contra la pobreza y organizaciones feministas:
La Posada de los Abrazos, la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, la organización Mujeres del Mundo-Babel, el colectivo Trabajadoras No Domesticadas, el Centro Asesor de la Mujer Argitan, la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak, la oficina de derechos sociales ODS de Bilbao la Vieja y Santurtzi, el grupo Langile Autodefentsa Sarea, la entidad Plataforma Kaleratzerik EZ! Bizkaia (Stop Desahucios) y SOS Racismo.
