Entre 2018 y 2019 hubo otras tres quejas contra el Ayuntamiento en la Comisión Vasca de Acceso a Información Pública y en todas el Consistorio fue amonestado por no facilitar los datos que se le reclamaban por parte de los ciudadanos.
En 2018 se pidió información sobre la plantilla del Ayuntamiento y los responsables políticos optaron por el silencio, por lo que la comisión autonómica dictó una resolución que obligaba a atender la solicitud. Lo mismo ocurrió cuando un vecino pidió acceso al expediente de una multa y ni la asesora de la alcaldesa ni la propia mandataria facilitaron el proceso. Además, también mereció reproche que el Consistorio no proporcionara toda la información a una asociación de comerciantes sobre las ayudas al sector.
