El Ararteko, la institución de la Defensoría del Pueblo, ha reprendido a los responsables del Ayuntamiento de Barakaldo por haber negado a la oposición información sobre la evolución de la pandemia de covid-19 durante el primer Estado de Alarma.
La resolución se produce tras la queja interpuesta por el grupo político Elkarrekin Barakaldo, al que la alcaldesa, Amaia del Campo, del PNV, “impidió durante tres meses el acceso a datos sobre la evolución del coronavirus en el municipio, a pesar de que la ley establece que las peticiones de información deben resolverse en cinco días”.
Al respecto, el Ararteko ha “recordado” al Ayuntamiento de Barakaldo “la obligación de ser diligente en el cumplimiento de los plazos y demás formalidades relativas al ejercicio por parte de los concejales del derecho a acceder a la información y documentación municipal”, para que puedan, con estos datos, ejercer sus funciones de control.
Elkarrekin Barakaldo pidió en la víspera de la declaración de Estado de Alarma, el 14 de marzo, información sobre las medidas de prevención adoptadas o planificadas “tanto para el propio Ayuntamiento como para la población en general y los colectivos desfavorecidos”. Sin embargo, la alcaldesa “ni permitió a la oposición participar en la mesa de crisis ni dio respuesta alguna a las preguntas sobre la pandemia hasta tres meses después, el 23 de junio, cuando ya se había levantado el Estado de Alarma”.
La coalición de izquierdas formada por Podemos, Ezker Anitza-IU, Equo-Berdeak e independientes destaca que Ararteko confirma, en su resolución, sus denuncias públicas en el sentido de que el equipo de gobierno de Barakaldo, integrado por PNV y PSE, ha “vulnerado” el derecho a la información de los concejales que se recoge en la Constitución.
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