"Entre las malas prácticas que el equipo de gobierno del consistorio lleva cometidas durante este año destacamos la coacción a la que somete a las familias solicitantes de ayudas de emergencia al limitarlas ilegalmente los conceptos sobre los que pueden solicitar prestaciones", declara el colectivo.
La plataforma contra la exclusión ha destacado también que "en lo que al Servicio Vasco de Empleo-Lanbide respecta, la institución no acaba de asumir sus responsabilidades legales a la hora de recoger y tramitar las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV), ya que continúa delegando dicha función a la Seguridad Social, desorientando a las personas solicitantes e impidiéndoles la consecución de sus derechos económicos".
El barrio barakaldés de Beurko-Bagatza tiene una población de 9.359 habitantes, entre la que se encuentran 221 familias perceptoras de la RGI y 147 pensionistas que reciben el complemento de pensiones. Además, el 6,5% de sus residentes (606 personas) están en situación de desempleo.
A la vista de estos datos, la asociación considera de vital importancia que "tanto el Ayuntamiento de Barakaldo como Lanbide tomen medidas urgentes a fin de sanearse del "virus de los recortes" y atender a la ciudadanía garantizando plenamente sus derechos".
Berri-Otxoak surgió hace treinta años, en 1992, y en sus tres décadas de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 13.000 familias.
