La plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak ha denunciado que en Barakaldo “decenas de personas en situación de pobreza están sufriendo que el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide se niegue a tramitar en sus oficinas el Ingreso Mínimo Vital (IMV), aunque el Gobierno Vasco aseguró en precampaña que sí lo hacía y no había paralizado estos procesos”.
Para denunciar estos hechos, activistas de la plataforma han acudido a Lanbide con una “brigada de desinfección” para “limpiar de recortes” las dependencias del servicio de empleo. Personas vestidas con buzos anticontaminación y mascarillas han acordonado las instalaciones en el barrio de Beurko y colocado balizas, conos y paneles con alerta de ‘peligro’.
En el caso de Barakaldo, Lanbide impide a las familias incluso presentar la solicitud física y les indican que, pese a que son personas sin dinero para lo más básico y, en ocasiones, sin las destrezas para usar sistemas informáticos, deben realizar el trámite por internet, según informa Berri-Otxoak.
Esta actuación “deja en evidencia” al director general de Lanbide, Borja Belandia, que el 23 de junio pasado aseguró que el servicio de empleo sí estaba realizando el trámite y negó que se estuviera bloqueando. “El personal debe asegurarse de que este aceptada la autorización para que la administración que tramita su solicitud pueda recabar sus datos, y de que la solicitud entregada sea la requerida”, señaló Lanbide en nota de prensa (https://bit.ly/2WheU90).
Berri-Otxok advierte de que, sin embargo, lo dicho por la dirección de Lanbide “no se cumple” y que, además, “paradójicamente, los funcionarios del propio servicio de empleo advierten a las familias solicitantes de que si no hacen previamente el trámite de petición del Ingreso Mínimo Vital, se denegará la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) e incluso se puede aplicar una sanción de un año sin acceso a la RGI”.
El IMV supone 738,45 euros al mes para una pareja con un hijo que, sin más propiedades que su vivienda habitual, como máximo, no dispone de dinero para cubrir las necesidades más básicas. El subsidio creado por el Gobierno central tiene como objetivo “prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social”.
Berri-Otxoak surgió hace 27 años, en 1992, y en sus tres décadas de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado más de 12.000 familias.
