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Los reyes magos de Berri-Otxoak dejan carbón por los recortes sociales del Ayuntamiento

Barakaldo, 3 dic 2019. Activistas de la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak caracterizados como los Reyes Magos han depositado decenas de kilos de carbón ante el Ayuntamiento de Barakaldo para denunciar "los recortes aplicados a las ayudas económicas municipales en su cuantía y gestión".

El colectivo ha destacado que, por ejemplo, el Consistorio no permite solicitar ayudas sociales prácticamente durante cuatro meses, desde octubre a febrero. Además, "más de un centenar" de familias, que cumplen los requisitos para recibir atención, han visto denegadas sus peticiones con el argumento de que no queda dinero del presupuesto que lleva varios años congelado.

Berri-Otxoak ha destacado, así mismo, que el Ayuntamiento hace oídos sordos a la petición que le hizo en 2015 el Defensor del Pueblo vasco —Ararteko—, que pidió al Consistorio que estableciera el límite de patrimonio de las familias que piden ayudas sociales en los mismos niveles que el Gobierno Vasco —entre 33.000 y 51.000 euros—. Barakaldo ha puesto la barrera casi en la mitad: 18.000 euros.






Nota de prensa de Berri-Otxoak
LOS REYES MAGOS ENTREGAN CARBÓN… CONTRA LOS RECORTES SOCIALES
Entrega de decenas de kilos de carbón ante el Ayuntamiento de Barakaldo contra los recortes aplicados a las ayudas económicas municipales en su cuantía y gestión.

Cabe destacar que se reduce este año el número de familias que acceden a las ayudas de emergencia al aplicar de forma reiterada, y a más de un centenar de familias, la disposición recogida en el Decreto del Gobierno Vasco para las Ayudas de Emergencia.

Esta disposición habilita a los consistorios a denegar las prestaciones económicas a las familias que reúnan los requisitos “en caso de no existir un crédito consignado suficiente para atender el conjunto de situaciones de emergencia”. Es decir, se permite la denegación de las ayudas al no existir una suficiente dotación presupuestaria para cubrir la totalidad de la demanda.

Sin embargo, esta medida debe ir avalada por un informe elaborado en tal sentido por un/a Trabajador/a Social. Cuando se intenta acceder al mismo -para la realización de los diferentes recursos y alegaciones a los que da derecho la propia legislación- se rechaza su facilitación; lo cual contraviene la propia normativa, siendo obligatoria su entrega. El gobierno municipal, además de recortar, vulnera derechos como el del “Procedimiento administrativo común”.

MÁS DE 2.400 FAMILIAS SUFREN RECORTES DEL EQUIPO MUNICIPAL

Por otro lado, se reduce también el número de solicitudes concedidas al denegarse de forma sistemática el acceso a las prestaciones para “gastos relativos a las necesidades primarias” que permiten cubrir carencias básicas como la alimentación. En concreto, más de una veintena de familias se han acercado a nuestro punto de información para manifestar su malestar ante el rechazo que han sufrido en el acceso a estas mínimas ayudas.

También se reducen el número de ayudas concedidas al aplicar el Departamento de Acción Social un límite patrimonial de 18.000 euros. Decisión que vulnera la Resolución emitida el 13 de agosto del 2015 por el Defensor del Pueblo-Ararteko contra el Ayuntamiento de Barakaldo donde exigía que aplicara el límite patrimonial previsto por el Gobierno Vasco.

En concreto, para este año establece un patrimonio máximo desde los 33.000 euros -para un único miembro- hasta los 47.000 euros para una unidad convivencial de tres o más personas; para las personas pensionistas sería 38.000 euros para una persona y 51.000 para unidad de 3 o más miembros.

A todos estos recortes debemos añadir que desde el 19 de octubre hasta mediados de febrero del próximo año no se tramita ninguna solicitud de ayuda económica en Barakaldo. Hay que tener en cuenta que desde esa fecha -en que se cerró el período para solicitar algún tipo de prestación ante los servicios sociales- hasta la apertura de dicho plazo a mediados de febrero hay 4 meses; meses en los cuales las familias barakaldesas se encuentran sin ningún tipo de cobertura social; el 25% del año.

Por último, cabe denunciar que el equipo de gobierno vulnera la “Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. En la medida que nunca deben superar los 2 meses la atención y resolución de los expedientes, no como ocurre actualmente que se alarga hasta 6 meses.