El llamado 'código de buenas prácticas' del sector financiero promovido por el Gobierno de Rajoy para reducir los desahucios apenas beneficiará al 1% de los barakaldeses en riesgo de perder su vivienda. Son las estimaciones de la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak, que recuerda que los bancos y cajas sólo aceptarán la dación en pago en la anteiglesia para aquellos pisos con un valor de compra inferior a los 150.000 euros. Los precios confirman, efectivamente, que el impacto de la medida será limitado ya que el 90% de los pisos en venta actualmente en la localidad está por encima de la barrera de 150.000 euros, según los datos del portal de internet Idealista.com. "Sólo se ha legislado para amparar los derechos de bancos y cajas", denuncia Berri-Otxoak, que advierte de que desde que en 2008 comenzó la crisis son ya 750 las familias de Barakaldo que han sido desalojadas, 150 de estos desahucios en los seis primeros meses del año 2011, que son los últimos datos disponibles. Las políticas desde el Ayuntamiento de Barakaldo y el Gobierno Vasco no han ayudado, según dice este colectivo social.
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> 1/3/2012. La construcción de pisos da un frenazo mientras están vacías el 16% de las viviendas
> 17/1/2012. El 9% de los desahucios que se producen en Euskadi tienen lugar en Barakaldo
> 29/12/2011. Barakaldo apoya la dación en pago y una moratoria hipotecaria por tres años
> 27/12/2011. El precio de la vivienda usada en Barakaldo se coloca en los niveles más bajos de todo el periodo de crisis
> 23/9/2011. La compraventa de viviendas en Barakaldo se hunde otra vez y cae un 35% en el último año
> 19/9/2011. Berri-Otxoak denuncia que el Ayuntamiento limita las ayudas para hacer frente al pago de las hipotecas
Las críticas en esta materia hacia los responsables políticos son numerosas. "Dar millones de euros a las entidades financiaras; no aprobar leyes que que generalicen la dación en pago para el conjunto de familias afectadas por los desahucios; no aplicar medidas para ampliar el parque público de viviendas en alquiler; o ampliar los ratios de las viviendas de protección oficial (VPO) para hacerlas más accesibles a las rentas más altas; ampliar la tasa de beneficios de las constructoras de VPO a través de encarecer las viviendas públicas; ampliar el mercado de las viviendas tasadas y facilitar el acceso a las mismas de las rentas altas". Son algunas de las actuaciones que lamenta Berri-Otxoak.
El grupo, que considera significativo que los constructores hayan aplaudido la decisión del Ejecutivo autonómico de encarecer las VPO, tampoco ahorra ataques hacia el Ayuntamiento. "Alardea de diferentes planes de vivienda pública a través de los medios de comunicación, totalmente fallidos e irrealizables como los de Sefanitro o Rontegi, pero sus actuaciones reales y concretas son la venta de viviendas municipales o el recorte de las prestaciones sociales dirigidas a las familias con dificultades económicas para poder frente a las hipotecas de sus viviendas".
"Exigimos medidas reales y concretas para atajar este problema y que ninguna familia pierda su vivienda. Menos recortes sociales y una política municipal que apueste por los servicios sociales y aplique unos presupuestos municipales más justos y solidarios", concluye Berri-Otxoak.
