Comunicado de ITAIA
¡LUCHEMOS CONTRA LA VULNERACIÓN DEL DERECHO AL ABORTO!
La lucha a favor del derecho al aborto ha sido muy importante en la lucha de liberación de la mujer trabajadora. Aunque haya habido progresos en esa lucha, la realidad del servicio para abortar en la CAPV es muy diferente de lo que nos cuentan los políticos. En Osakidetza, concretamente, el derecho al aborto es vulnerado continuamente y así lo hemos recogido las profesionales especializadas del sector durante años.
En el Estado Español se acepto la ley para la interrupción del embarazo en 2010, reformado en 2023. Desde entonces, los partidos políticos del gobierno lo han vendido como una ley a favor del aborto público y de calidad. Estos son los cambios que recoge la reforma del 2023: tener la opción a abortar en la sanidad pública; garantizar la condiciones para poder elegir la forma de abortar; hacer público el registro de objetores de conciencia y, además, asegurar que haya trabajadoras que lo hagan.
La situación en cambio, es muy diferente. Osakidetza tiene firmado un contrato con empresas privadas para la ejecución de la interrupción del embarazo. En concreto, en 2022 de los abortos realizados en la CAPV el %95 fueron en centros privados. Así, el servicio de aborto lo financia la sanidad pública, pero se realiza en clínicas privadas, aunque existan los medios para garantizar el servicio en la sanidad pública. De esa manera, los empresarios y políticos que están detrás del sistema de salud privado siguen aumentando sus beneficios económicos. Además de eso, la CAPV no ha hecho público todavía el registro de "objetores de conciencia", igual que otras comunidades autónomas del Estado.
Han sido muchas las quejas trasladadas a las trabajadoras de Osakidetza en cuanto a los malos tratos sufridos por mujeres:
El único objetivo de las clínicas privadas es conseguir beneficio económico, por lo que en las intervenciones de interrupción del embarazo se priorizan los intereses económicos. A las mujeres no se les da la información suficiente para poder tomar una decisión o se les da información falsa, ya que con las intervenciones quirúrgicas consiguen más dinero que con las farmacológicas.
A día de hoy abortar crea un estigma social, que normaliza la criminalización y la presión social hacia las mujeres. Además, en las clínicas de aborto no se garantiza la confidencialidad de las mujeres. Son ejemplo de ello, los señalamientos por parte de grupos antiabortistas aunque la ley del 2023 los define como ilegales.
Osakidetza tiene acordado hacer el seguimiento de la intervención. En cambio, muchas veces no se realizan las revisiones posteriores a la intervención o no las hace la misma médico, lo que hace perder el sentido del seguimiento.
Ante esa situación, vemos necesario señalar la farsa que nos quieren vender las instituciones públicas. Aunque digan que a día de hoy el aborto es universal, en realidad no es así, ya que este derecho está siendo vulnerado una y otra vez por limites económicos. Cabe mencionar las trabas burocráticas y legales que tienen las mujeres sin papeles, ya que sin el permiso de residencia deben demostrar que llevan más de 90 días en la CAPV.
Los partidos parlamentarios no refuerzan la sanidad pública, al contrario, refuerzan su privatización mediante la externalización de los servicios. En nuestra opinión, para garantizar el derecho al aborto gratuito, universal y de calidad, es necesario terminar con un sistema de salud basado en la rentabilidad económica y socializar los medios sanitarios privatizados, por lo que os invitamos a luchar en ese sentido.
