Movilización en Barakaldo contra la campaña de criminalización a las personas y familias con dificultades para llegar a fin de mes.
Lanbide, a través de un cuerpo policial como la Ertzaintza, sin orden judicial o amparo legal, está irrumpiendo en los hogares para comprobar enseres y revisar armarios y cuartos de baños. En concreto, una veintena de familias pensionistas, desempleadas o con empleos en precario de la localidad han sufrido ya este atropello y vulneración de derechos.
Esto ocurre con la excusa de revisar la residencia efectiva cuando, incluso, la propia persona que abre la puerta a la Ertzaintza se identifica documentalmente como la persona titular de la solicitud o prestación.
Pasados los años desde el Gobierno Vasco se sigue estigmatizando a las familias usuarias de Lanbide como proclives al “fraude”, cuando este es irrelevante: no llega ni al 0’5% de todas las prestaciones gestionadas. Queda claro que la intención declarada, y evidente, es expulsar del sistema de protección a las personas pensionistas, desempleadas o con un empleo precario que residen en nuestra comunidad.
Hay que tener en cuenta que en sus 34 años de historia las políticas del ejecutivo vasco han sido incapaces de proteger a las familias: cada año un tercio de la población en situación de exclusión social grave no accede al sistema de garantía de ingresos, según datos del propio gobierno vasco.
Criminalización que afecta de forma directa a las 727.897 personas -un tercio de residentes en la CAPV-, que tiene serias dificultades para llegar a fin de mes. En concreto, la “Encuesta de Pobreza y Desigualdades del Gobierno Vasco”, señala que un 19’9% de la población (432.219 personas) manifiesta una situación de pobreza; un 8% (174.176 personas) está en riesgo de pobreza; y el 5’6% (121.502 personas) se encuentra en situación de pobreza real.
BERRI-OTXOAK
(Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)
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