La plataforma ha recalcado que "tras agotarse el presupuesto asignado por el Gobierno Vasco para las Ayudas de Emergencia Social, el área de Acción Social ha aprobado en pleno verano la mencionada reducción en el presupuesto de ayudas económicas municipales para 2022, mermándola hasta los 987.444,60€: 313.000€ menos frente a algo más del 1.300.000€ de 2021."
Con anterioridad a este nuevo recorte en el presupuesto de ayudas económicas municipales, el equipo de gobierno local restringió mediante normativa municipal el acceso y cuantías a percibir en las ayudas de emergencia hasta en un 50% en base a “a la existencia de un crédito suficiente” o “teniendo en cuenta el presupuesto destinado a ayudas de emergencia social o ayudas económicas municipales”.
Todas estas prácticas motivaron un pronunciamiento desfavorable por parte del Defensor del Pueblo tras su conocimiento. Algunas de estas prácticas son:
-Establecer límites de patrimonio ilegales, ya denunciados por el Ararteko en el año 2015. Denuncia reiterada en 2022 por parte de la Defensoría del Pueblo.
-Recortar la cuantía máxima establecida por el Gobierno Vasco en 1.850€ para atención sanitaria, necesidades primarias, educación y alimentación a 1.000€.
-Negar a las familias solicitantes la petición simultánea de ayuda para el alquiler o para la cobertura de necesidades básicas: alimentación, atención sanitaria no cubierta por Osakidetza como dentista u oculista o los gastos de comunidad, luz y agua mediante una cláusula adicional en el formulario de solicitud.
-Recortar la correspondiente a energía de 1.500€ a los 500€ o a 200€ si se tiene concedido el bono social.
-Recortar la destinada a electrodomésticos de 1.850€ a 350€.
-Recortar los 1.850€ para gastos de adaptación y reparación de la vivienda a 600€.
-Recortar en gastos de disfrute y mantenimiento de la vivienda habitual (Agua, IBI, Alcantarillado), de 900€ a 800€ o 500€ si se reside en una vivienda en alquiler.
-Recortar la destinada a gastos de instalaciones básicas de la vivienda, de 1.850€ a 1.000€.
-Demorar hasta cinco meses la atención y concesión de las ayudas de emergencia.
La pandemia del coronavirus supuso el primer mazazo de una secuencia de golpes fulminantes para las familias con necesidades económicas acuciantes de Barakaldo, que aumentaron en número. El pasado año 2.465 familias solicitaron una ayuda de emergencia ante los servicios sociales municipales.
"Por aquel entonces, el concejal liberado Mikel Antizar prometió dar respuesta a todas las demandas de ayudas sociales", ha recordado Berri-Otxoak.
La carencia de recursos de urgencia y las grandes demoras de los servicios sociales por falta de personal encargado de gestionar las solicitudes (trabajadoras sociales y administrativos) en el “Equipo de Ayudas Económicas”, se mantuvieron y continúan estancadas, ya que no ha habido un refuerzo de la plantilla ni cobertura en las bajas por enfermedad o vacaciones del personal.
A esta situación le han seguido el mazazo del conflicto bélico y el alarmante incremento de la inflación, que han disparado las tasas de precariedad y pobreza en el municipio.
Sin embargo, al nuevo recorte al presupuesto a las ayudas municipales se le suma que el servicio de atención de urgencias sociales, que permitía atender las situaciones más acuciantes y que suprimió el gobierno local, continúe sin reabrirse, conllevando un retraso de 2 meses en la atención de estos casos extremos en las Unidades de Trabajo Social ubicadas en los barrios.
La plataforma barakaldesa contra la pobreza afirma que estas decisiones políticas no son producto de la casualidad. “La falta de un presupuesto suficiente conlleva que queden desatendidas familias que necesitadas de ayuda" ”, han comunicado.
Ante las múltiples vulneraciones de derechos sufridas por las familias usuarias de los servicios sociales municipales, la asociación contra la exclusión social Berri-Otxoak, ha exigido al concejal Mikel Antizar que "sea consecuente con la situación que vive la localidad, que cumpla sus afirmaciones y fundamentalmente, que cumpla las leyes que amparan a la población más vulnerable".
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, el 12 de agosto de 1992, y en sus 30 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene, además, desde hace 25 años -a partir del 17 de noviembre de 1997- una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 14.000 familias.
