Barakaldo, 22 de julio de 2020.
La vecina de Lutxana Mireia Sáiz, cuyo trabajo está en suspensión por la pandemia del covid-19, tendrá que vivir durante los próximos 5 meses, y al menos todo el verano, con 30 euros al mes porque el Ayuntamiento ha decidido no sólo volver a cobrarle el alquiler de su piso social sino además aplicarle un recargo por los meses en que los recibos quedaron aplazados por el estado de alarma.
Así lo ha denunciado la afectada, de 36 años, en un acto de protesta realizado frente al edificio consistorio, en el que la plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak ha denunciado la situación como “uno de tantos casos en Barakaldo” y ha exigido a los responsables municipales “que rectifiquen, que anulen los recibos a las familias sin recursos y que amplíen las ayudas municipales para los damnificados por la pandemia”.
Sáiz ha recordado que el 31 de marzo el Ayuntamiento les comunicó a las personas afectadas la decisión de “suspender el cobro de las cuotas de las viviendas de Eretza en régimen de alquiler” hasta el final del estado de alarma. En la misma notificación y en una nota de prensa, se informó además de que “se podrá contemplar la exoneración total o parcial del mismo, si se acredita una situación de vulnerabilidad económica sobrevenida durante este periodo como consecuencia de la pandemia del coronavirus y las restricciones asociadas”.
El estado de alarma terminó el 21 de junio y Mireia Sáiz ha vuelto a recibir el recibo de alquiler, pero en lugar de el importe original del alquiler, el Ayuntamiento le ha aplicado un recargo (prorrateo) para recuperar en cinco meses, hasta fin de año, los pagos que se suspendieron durante la cuarentena. De esta forma, la cuota que Mireia Sáiz tiene que pagar sube a 495 euros mientras que su sueldo se ha quedado en 525 debido a que su empresa le ha aplicado, al menos hasta el 30 de septiembre, un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE).
La afectada ha solicitado a la sociedad urbanística municipal Eretza, encargada de estos alquileres del Ayuntamiento, que le aplique la “exoneración total o parcial” que se anunció en marzo. “Sin embargo, la respuesta ha sido negativa y Eretza dice ahora, literalmente, que aquella carta del 31 de marzo ‘se envió en momentos de mucha incertidumbre para todos’ y, que en definitiva, que no van a cumplir la promesa enviada por escrito”.
La sociedad urbanística del Ayuntamiento sugiere la opción de que la joven solicite unas ayudas para inquilinos en viviendas libres, pero no puede cumplir los requisitos porque es un alquiler social. Eretza no asume otras responsabilidades y sostiene que el piso arrendado “no tiene calificación administrativa de vivienda de protección pública, tan sólo un alquiler de precio limitado y fijado por el consejo de administración de Eretza”.
“La realidad para mí es que este a partir de este mes tengo que vivir con 30 euros y estaré en la misma situación al menos en agosto y en septiembre. El Ayuntamiento nos prometió exonerarnos de las cuotas, pero no es verdad. Ahora tengo que entregar todo mi sueldo para pagar el recibo del piso a la sociedad municipal Eretza. ¿Es que tener 30 euros al mes para vivir no es una situación de vulnerabilidad económica? ¿Cuántas familias estamos en esta situación dramática por culpa del Ayuntamiento, que en lugar de ayudarnos nos pone al borde del abismo?”, ha destacado Sáiz.
La plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak ha recordado que ya advirtió en abril de que aplazar los pagos no iba a solucionar el problema para las familias sin recursos económicos por el covid-19. En este sentido, ha instado a los responsables municipales a “rectificar la decisión de prorratear las cuotas del periodo del estado de alarma y a aplicar la anulación de los recibos para personas damnificadas económicamente por la cuarentena”.
“La situación de las familias que los pisos sociales municipales era angustiosa al comienzo de la pandemia porque ya eran personas con ingresos reducidos y ahora el Ayuntamiento la ha convertido en una situación dramática para vecinas que padecen más que nadie los despidos, la precariedad laboral y el deterioro de la situación económica, que se agravará en los próximos meses”, señala Berri-Otxoak.
La plataforma ha repetido además su petición al Consistorio para que “reconsidere su actuación ante la crisis del covid-19 y realice una verdadera y justa política social en favor de las personas y familias empobrecidas y precarias, con más presupuesto, más atención por parte de los servicios sociales, que están desbordados, y más rapidez y acierto en las medidas para este momento”.
Berri-Otxoak surgió hace 27 años, en 1992, y en sus tres décadas de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado más de 12.000 familias.
BERRI-OTXOAK
(Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)
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