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Pide el amparo de Ararteko una barakaldesa con dos menores víctima de machismo

Protesta
Barakaldo, 29 may 2019. Una mujer vecina de Barakaldo víctima de violencia machista, madre de dos niños seis y 14 años, ha solicitado el amparo del defensor del pueblo en el País Vasco —Ararteko— ante la negativa del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide a concederle subsidios, lo que ha obliga a esta persona, de 41 años, a "sobrevivir gracias a una entidad benéfica que la proporciona alimentos".

Así lo han denunciado la asociación Centro Asesor de la Mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak, que han respaldado a la víctima con una concentración ante las oficinas de la institución del Ararteko en Bilbao.

En este caso, la mujer, que tiene resoluciones judiciales a su favor por casos de malos tratos, ha visto denegadas las ayudas de Lanbide porque el tiempo oficial de empadronamiento es inferior al que el Servicio Vasco de Empleo exige para poder tener acceso a los subsidios. La solicitante ha acreditado que este hecho se debe a que su antigua pareja la dio de baja en el registro del Ayuntamiento, una situación que Argitan señala que es "muy frecuente en estos casos".

Archivo |
> 14/03/2019. Lanbide niega la RGI a una mujer con dos hijos víctimas de malos tratos







Comunicado
Concentración ante las oficinas del Ararteko en Bilbao con el ánimo de demandar el amparo del Defensor del Pueblo ante las dificultades, y recortes, que aplica Lanbide a las mujeres afectadas por la violencia machista para acceder a las prestaciones gestionadas por el Servicio Vasco de Empleo.

A través de esta iniciativa se pretender denunciar la situación de una barakaldesa víctima de violencia machista. En concreto, el recorte de derechos que viene sufriendo J.T.B., mujer de 41 años de edad, con dos menores a cargo de 14 y 6 años. Mujer que sobrevive gracias a una entidad benéfica que la proporciona alimentos; y el apoyo de vecinas y familiares.

Cabe destacar que Lanbide vulnera la normativa, legislación y decretos que amparan su derecho a acceder a las prestaciones sociales que la corresponden -a ella y sus dos hijos- como víctimas de malos tratos, de los cuales tiene sentencias favorables.

Son muchas las mujeres que han denunciado la conculcación de derechos que se sufren a diario en Lanbide por ello la presentación de queja ante el Arateko y demanda de amparo.

Hay que tener en cuenta que Lanbide se enorgullece de los criterios excepcionales que establece para atender a mujeres que sufren violencia machista, como pedir menos tiempo de empadronamiento, no teniendo en cuenta que hay mujeres que han sufrido cortes en el padrón (algo muy frecuente en estos casos), quedando -por ello- fuera de poder acogerse a este derecho.

Por otro lado, y en este caso concreto, el recorte de derechos contraviene el rango jurídico superior de protección del interés del menor, imperativo legal de obligado cumplimiento tras la entrada en vigor de la “Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia”. Por ello, el interés superior de los menores debe ser considerado como derecho sustantivo, principio jurídico interpretativo y norma de obligada observancia por parte de Lanbide.

Se infringe, además, “el principio de proporcionalidad, artículo 4 Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público”, el cual establece los principios a los que se deben las administraciones ante situaciones como las descritas. Lo cual conlleva que las normas y procedimientos deben estar ajustados a las situaciones concretas de las personas o unidades de convivencia sobre las cuales han de ser aplicados.

Se incumple, por último, la propia normativa de Lanbide recogida en los “Criterios en materia de Renta de Garantía de Ingresos mayo-2017” relativa a las víctimas violencia de género.

Mediante la movilización desarrollada en el día de hoy se pretende denunciar la actuación cotidiana de Lanbide hacia los casos de mujeres víctimas de violencia machista: implementación de políticas, requisitos, procedimientos, fijación de criterios o imposición de plazos que obligan a las mujeres a permanecer en situaciones de violencia. Esto supone, en la práctica, que deban soportar situaciones de abusos, acoso y agresiones… al no tener otra salida a su realidad habitual de violencia machista.