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El contrato de Ezagutu Barakaldo se convierte en el quinto paralizado por un recurso empresarial

CIHMA de El Regato
El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) de Euskadi ha paralizado, provisionalmente, la adjudicación del programa Ezagutu Barakaldo tras el recurso de una empresa al procedimiento llevado a cabo por el equipo de gobierno, del PNV. Este es el quinto contrato paralizado por ese organismo como consecuencia de recursos empresariales, tras los del programa de 'patios abiertos', el mantenimiento de los campos de fútbol y zonas verdes del IMD, la limpieza de edificios municipales y el alquiler de vehículos para la Policía Municipal. El PSE-EE de Barakaldo ha denunciado la "nefasta gestión" del PNV en materia de contratación que ahora afecta a un programa destinado a los escolares. Ezagutu Barakaldo salió a concurso con un precio de licitación de 255.580 euros anuales. El programa incluye también la gestión del Centro de Interpretación Histórico y Medioambiental (CIHMA)-Luis Choya Almaraz, de El Regato, y cuenta con cuatro trabajadores a tiempo completo.



Nota de prensa del PSE-EE

El contrato de Ezagutu Barakaldo, paralizado también por un recurso

Es el quinto procedimiento impulsado por la alcaldesa y su equipo de Gobierno (PNV) que acaba en el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) de Euskadi en solo unas semanas

El aumento de la conflictividad se debe a la nefasta gestión de Amaia del Campo en materia de contratación, evidencia el PSE-EE

Los problemas siguen creciendo para el Ayuntamiento de Barakaldo por la desastrosa gestión de la alcaldesa y su equipo de Gobierno (PNV). El último episodio tiene como protagonista al contrato para gestionar el programa de intervención educativa y cultural Ezagutu Barakaldo, dirigido principalmente a los escolares de la ciudad.

Una empresa ha recurrido el procedimiento de contratación de este programa y el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) de Euskadi ha paralizado, provisionalmente, la adjudicación de este contrato.

Se trata del quinto servicio municipal que acaba en dicho organismo en solo unas semanas. A juicio del PSE-EE, la conflictividad existente no es casual y se debe a la nefasta labor de Amaia del Campo. “A los continuos recursos de las empresas se le une que multitud de contratos están en situación irregular, motivo por el cual van a Pleno una media de 20 informes técnicos de reparo mensuales. Y la responsabilidad de esta situación es exclusivamente política”, ha subrayado la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ana Belén Quijada. “Nosotros no tratamos de crear ninguna alarma. Solo informamos a los vecinos y vecinas”, ha insistido.

Ezagutu Barakaldo salió a concurso con un precio de licitación de 255.580 euros anuales. El programa incluye también la gestión del Centro de Interpretación Histórico y Medioambiental (CHIMA)-Luis Choya Almaraz, situado en el barrio de El Regato, y cuenta con cuatro trabajadores y trabajadoras a tiempo completo.

La OARC ya ha anulado hace poco dos contratos importantes, como son el de patios abiertos y el de mantenimiento de los campos de fútbol y zonas verdes del Instituto Municipal de Deportes (IMD). Asimismo, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi debe resolver próximamente otras dos controversias surgidas con contratos del Ayuntamiento de Barakaldo: el de limpieza de instalaciones municipales y el ‘renting’ de cuatro coches de policía.


ATAQUES A LOS TRABAJADORES/AS

Además de los contratos recurridos en la OARC, la lista de servicios del Ayuntamiento que se encuentran en situación irregular es larga: mantenimiento de los polideportivos, recogida de basuras y limpieza viaria, Punto de Encuentro Familiar, Intervención Socioeducativa y Comunitaria, Asesoramiento e Intervención Psicosocial, OTA, grúa…

A todo ello se le unen ataques a los trabajadores y trabajadoras, que están protestando por los recortes del PNV. “La alcaldesa está premiando a las ofertas más baratas y eso provoca la adjudicación a la baja de contratos a las empresas, que posteriormente pasan factura a los empleados y empleadas y empeoran la calidad de los servicios”, advierte Quijada.