Nota de prensa
El Gobierno Vasco nos empuja a la pobreza: No al recorte de las prestaciones destinadas al acceso a una vivienda
Bajo el pretexto de crear una nueva prestación económica destinada a cubrir las necesidades de vivienda, el Gobierno Vasco esconde una profundización de sus políticas de recortes ultra-neoliberales: la eliminación de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), gestionada por Lanbide; y las Ayudas de Emergencia Social (AES), gestionadas desde los servicios sociales municipales de cada Localidad, y destinadas al pago de un alquiler.
Este recorte de derechos en el ámbito de las prestaciones sociales empobrecerá aún más a aquellos sectores con menor renta disponible y en situación de vulnerabilidad, dejando desatendidas las necesidades básicas de vivienda de amplios colectivos poblacionales.
Por este motivo se desarrolla una iniciativa ante la Delegación del Gobierno Vasco. Donde se instalará tiendas de campaña y sacos de dormir. Con el ánimo de denunciar los recortes contemplados por el Gobierno Vasco para el acceso a una prestación que permita acceder a una vivienda en régimen de alquiler a miles de familias vascas.
Movilización en la que participarán familias perceptoras de la Prestación Complementaria de Vivienda gestionada por Lanbide; o las Ayudas de Emergencia Social tramitadas desde los servicios sociales de los consistorios de la CAPV.
En el trascurso de esta concentración estas familias entregarán en el registro de atención ciudadana del Gobierno Vasco, ZUZENEAN, una serie de alegaciones contra los recortes contemplados en el actual borrador de “Decreto de por el que se regula el derecho subjetivo a la ocupación legal de una vivienda o a la prestación económica de vivienda”.
Actualmente 28.291 unidades convivenciales perciben la PCV y otras 7.500 las AES para hacer frente a los gastos de alquiler de la vivienda donde residen. Cuando entre en vigor el Decreto elaborado por el “Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda” a cargo del PSE muchas de las familias que en la actualidad cumplen con los requisitos exigidos por Lanbide -o que acceden a recibir las AES- perderán su derecho a reclamar una prestación económica.
Hay que tener en cuenta que en reuniones mantenidas con representantes de la ejecutiva y parlamentarias del PSE se garantizó que nunca se aplicaría ningún recorte social. Es más, se reconocía como un error la redacción, en la “Ley de Vivienda”, de los requisitos de acceso a la Prestación Económica de Vivienda en comparación a las prestaciones existentes hasta este momento: Prestación Complementaria de Vivienda y Ayudas de Emergencia Social.
Aquellos grupos parlamentarios, y sus ejecutivas, nos garantizaron que vía desarrollo del Decreto que regularía dicha Ley. Se eliminarían los recortes recogidos en la legislación aprobada.
El recorte de derechos es consecuencia directa del endurecimiento de requisitos para acceder a la nueva prestación económica de vivienda. Entre las nuevas exigencias que surgen tanto de la “Ley” como del “Borrador de Decreto”, se establece una antigüedad mínima de 3 años en el registro de inscripción de Etxebide como demandante de una vivienda en alquiler; y demostrar unos ingresos mínimos de 3.000 euros.
En la actualidad, para acceder a la Prestación Complementaria de Vivienda, o las Ayudas de Emergencia Social, solo se exige la solicitud de inscripción en el registro de Etxebide, sin requisitos de antigüedad ni ingresos mínimos.
Además, esta política de recortes penaliza especialmente a aquellas personas que comparten piso. Con el sistema de la PCV cada unidad convivencial (de un máximo de hasta 2 por vivienda) tiene derecho a percibir los 250 euros estipulados por Lanbide, mientras que con la nueva prestación económica de vivienda, ese monto se verá reducido a la mitad.
Frente a esta realidad de recortes demandamos el reconocimiento efectivo por ley al acceso a una vivienda de alquiler social. Toda persona debería tener derecho al uso y disfrute de una vivienda adecuada, segura, cómoda y con servicios esenciales.
Hay que recuperar el valor de uso de la vivienda, situarla bajo lógicas no mercantiles y enmarcar el problema de la vivienda como un asunto colectivo, que no puede ser resuelto atendiendo a la lógica del mercado ni de la especulación.
La regulación del mercado de alquileres, la rehabilitación y ocupación de las viviendas vacías deben ser acciones prioritarias para garantizar el acceso a la vivienda y su redistribución.
En concreto, el borrador de decreto elaborado por el PSE no garantiza el derecho a una vivienda digna ni crea alternativas habitacionales suficientes al margen de la lógica del mercado.
Ante esta situación, familias afectadas por los recortes y colectivos de Bizkaia:
Exigen al “Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda” que retire el borrador de decreto; y renuncie a aprobar ninguna medida que suponga un recorte de los derechos y prestaciones sociales.
Exigen a los partidos que aprobaron la “Ley de Vivienda”, PSE y EH BILDU, un desarrollo legislativo de la “Ley de Vivienda” que retire todos los recortes recogidos en la misma.
Colectivos Sociales de Bizkaia
Argilan, Argitan (Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo), Asociación Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Brujas y Diversas, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, SOS Racismo y PAH Kaleratzerik EZ-STOP Desahucios Bizkaia.
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MODELO DE DENUNCIA
DON/DOÑA.…………………………………….……..……….…….……….…..…………..…….…...…
Con DNI………..…….….. Domicilio….…………………….…..……..……...……..…………………
Como titular de una Ayuda de Emergencia Social o de una Prestación Complementaria de Vivienda manifiesto que “El Gobierno Vasco nos empuja a la pobreza”; y denuncio el recorte social que supondrá la aplicación de la actual redacción de la “Ley de Vivienda” y el “Decreto” que la desarrolla. Lo cual conllevará que deje de percibir la actual prestación que recibo y supondrá que no pueda hacer frente a los pagos del alquiler en la vivienda en la que resido. Esto me acarrearía un posible desahucio.
En concreto, denuncio que…
Bajo el pretexto de crear una nueva prestación económica destinada a cubrir las necesidades de vivienda, el Gobierno Vasco, a través de su “Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda”, esconde una profundización de sus políticas de recortes ultra-neoliberales: la eliminación de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y las Ayudas de Emergencia Social (AES), destinadas al pago de un alquiler.
Este recorte efectivo de derechos en el ámbito de las prestaciones empobrecerá aún más a aquellos sectores sociales con menor renta disponible y en situación de mayor vulnerabilidad, dejando desatendidas las necesidades básicas de vivienda de amplios colectivos poblacionales.
Actualmente 28.291 unidades convivenciales percibimos la PCV y otras 7.500 las AES para hacer frente a los gastos de alquiler de la vivienda donde residimos. Cuando entre en vigor el Decreto elaborado por el “Departamento de Vivienda” -a cargo del PSE- muchas de las familias que en la actualidad cumplen con los requisitos exigidos por Lanbide -o que acceden a recibir las AES- perderán su derecho a reclamar una prestación económica.
Este recorte de derechos es consecuencia directa del endurecimiento de requisitos para acceder a la nueva prestación económica de vivienda. Entre las nuevas exigencias que surgen tanto de la Ley como del borrador de Decreto, se establece una antigüedad mínima de 3 años en el registro de inscripción de Etxebide como demandante de vivienda en régimen de alquiler; y demostrar unos ingresos mínimos de 3.000 euros.
En la actualidad, para acceder a la PCV –o las Ayudas de Emergencia- se exige únicamente una solicitud de inscripción en este registro, sin requisitos de antigüedad ni de ingresos mínimos.
Además, esta política de recortes penaliza especialmente a aquellas personas que comparten piso. Con el sistema de la PCV cada unidad convivencial (de un máximo de hasta 2 por vivienda) tiene derecho a percibir los 250 euros estipulados por Lanbide, mientras que con la nueva prestación económica de vivienda, ese monto se verá reducido a la mitad.
Frente a esta realidad de recortes demando el reconocimiento efectivo por ley al acceso a una vivienda de alquiler social. Toda persona debería tener derecho al uso y disfrute de una vivienda adecuada, segura, cómoda y con servicios esenciales.
Hay que recuperar el valor de uso de la vivienda, situarla bajo lógicas no mercantiles y enmarcar el problema de la vivienda como un asunto colectivo, que no puede ser resuelto atendiendo a la lógica del mercado ni de la especulación.
La regulación del mercado de alquileres, la rehabilitación y ocupación de las viviendas vacías deben ser acciones prioritarias para garantizar el acceso a la vivienda y su redistribución.
El borrador de decreto elaborado por el PSE no garantiza el derecho a una vivienda digna ni crea alternativas habitacionales suficientes al margen de la lógica del mercado.
Ante esta situación, exijo:
Al “Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda” que retire el borrador de decreto; y que renuncie a aprobar ninguna medida que suponga un recorte de los derechos y las prestaciones sociales.
A los partidos que aprobaron la “Ley de Vivienda”, PSE y EH BILDU, un desarrollo de la “Ley de Vivienda” que retire todos los recortes recogidos en la misma.
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