El partido político Ciudadanos, que no tiene representantes en el Ayuntamiento de Barakaldo, ha criticado la actuación del Gobierno Vasco en relación al cierre del colegio concertado La Milagrosa. "350 alumnos y 39 trabajadores se ven en la calle porque el Departamento de Educación del Gobierno Vasco no ha previsto nada", señala, por medio de un comunicado, el portavoz de la formación en la localidad, Alberto Carril. A su juicio, "los políticos no han estado a la altura de un proyecto educativo alabado por todas las partes". Carril ha recordado además que el cierre se produce tras la falta de acuerdo para mantener el alquiler de las instalaciones que la escuela ocupaba en el edificio de la Fundación Miranda. Respecto a ésta, Ciudadanos señala que la desaparición de La Milagrosa generará pérdidas económicas a la fundación, por lo que pide que esta entidad benéfica "elabore y remita al Ayuntamiento un plan estratégico a cinco años que incluya un proyecto de viabilidad". Además, Carril respalda la petición de las familias de los ancianos de la residencia Miranda para que se "revisen" las tarifas incrementadas hasta en un 50% este año.
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Nota de prensa de Ciudadanos
Alberto Carril portavoz de Ciudadanos en Barakaldo: “No se entiende lo que está sucediendo en Barakaldo con la Fundación Miranda”
El colegio concertado La Milagrosa ha cerrado sus puertas, al no poder hacer frente al desorbitado aumento del alquiler del edificio propiedad de la Fundación Miranda.
En palabras de Alberto Carril "350 alumnos y 39 trabajadores se ven en la calle porque el Departamento de Educación del Gobierno Vasco no ha previsto nada"
Se han mantenido reuniones durante meses sin ningún resultado positivo, esos alumnos se dirigen ahora hacia otros centros, que o no ofrecen modelo B, o se encuentran saturados y carecen de recursos para atender las necesidades especiales que presenta el 10% del alumnado de la Milagrosa.
Ciudadanos denuncia que con el cierre desaparece un centro concertado que era asequible para las familias y que ofrecía modelo B.
El portavoz de la formación naranja en la margen izquierda apuntó que "los políticos no han estado a la altura de un proyecto educativo alabado por todas las partes por su labor integradora pero condenado a su desaparición a pesar de las movilizaciones sociales"
Se deja a la escuela pública la tarea de cohesionar la sociedad vasca en la que destacó desde sus inicios La Milagrosa, que contaba con un 30% de alumnado inmigrante. La propia consejera de Educación, Cristina Uriarte, resaltaba la incidencia del nivel socio-cultural y económico en los decepcionantes resultados del último informe PISA, afirmando que de 2012 al 2015, este índice "ha bajado mucho en Euskadi".
Lamentablemente las instituciones públicas no han sido capaces de aunar esfuerzos con la fundación para por lo menos conceder una prórroga al colegio hasta poder ofrecer una mejor solución al alumnado, a pesar de que los miembros del patronato ocupan o han ocupado cargos políticos e institucionales, como es el caso del ex consejero de Educación Tontxu Campos o la alcaldesa del PNV Amaia del Campo. Kristau Eskola tampoco se ha significado. Con el cierre del colegio la oferta educativa se reduce.
Por otra parte el desalojo supone una pérdida inmediata de ingresos para la fundación que deja de cobrar el alquiler cuando según su director Rafael Carriegas se prevén unas pérdidas de 154.037 euros en 2017. Esto a pesar del aumento de las tarifas de la residencia a 2.695 euros mensuales la plaza en habitación doble. 13 ancianos han abandonado la residencia tras una subida de tarifas de hasta el 50%. Recordemos que el objeto de la Fundación Miranda es gestionar una residencia para personas mayores de Barakaldo de limitados recursos económicos. La propia junta del patronato ha rechazado que una empresa externa lleve a cabo el estudio de viabilidad económica propuesto por su vicepresidenta la alcaldesa de Barakaldo.
Ciudadanos apoya la petición de las familias afectadas para que el patronato elabore y remita al Ayuntamiento un plan estratégico a cinco años que incluya un proyecto de viabilidad y que se revisen las tarifas de la residencia.
