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El Ayuntamiento asumirá las pérdidas que se puedan producir por el servicio de la OTA

El concejal de Servicios Municipales, Jonan Uría (PNV)
Hasta ahora sólo le ha generado beneficios porque el ciudadano asume los costes con las tarjetas de residente y el pago en parquímetros
El Ayuntamiento de Barakaldo podrá sufrir pérdidas en lugar de beneficios económicos por el servicio de control horario del aparcamiento —OTA— por primera vez desde que este sistema se implantó el 1 de octubre de 1998. Así se desprende del nuevo modelo de la OTA en el que trabaja el equipo de Gobierno municipal (PNV). El concejal delegado de Servicios Municipales, Jon Andoni Uría (PNV), ha anunciado que el hasta ahora contrato de "gestión de servicios" pasará próximamente a ser de "prestación de servicios". Esto implica que la empresa concesionaria cobrará igual tanto si el servicio genera beneficios como pérdidas. Hasta ahora, la compañía asumía en solitario los riesgos. Si había superávit —siempre ha ocurrido— se repartía al 50% con el Ayuntamiento. Con el cambio de sistema, el Ayuntamiento recibirá los ingresos por los pagos en parquímetros, que en un estudio municipal de 2011 se preveían de entre 1,9 en el peor escenario a 3,6 millones en el mejor. Se obtenían además 600.000 euros por las tarjetas por residente, pero la decisión del PNV se eliminar esta tasa deja el consistorio sin este ingreso, que actualmente supone 710.000 euros anuales. Como gastos, hace seis años se estimaba que la OTA, sin la grúa, implicaba 2,4 millones de euros. A ello hay que unir que Uría ha señalado que el futuro contrato —el actual está vencido desde 2013— incrementará el presupuesto tanto para hacer frente a los costes "sociales y laborales" como para "otras cuestiones" que no ha revelado. "Tenemos una previsión para cubrir suficientemente los costes laborales que se establezcan entre empresa y trabajadores dentro de unos parámetros que el Ayuntamiento pueda asumir", ha señalado. El concejal ha criticado que los empleados de la OTA hagan protestas ante el consistorio por el convenio colectivo en lugar de realizarlas ante la contrata y ha defendido que la institución local no puede intervenir en la negociación.

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