La plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak de Barakaldo se ha concentrado ante las oficinas en Beurko del servicio vasco de empleo Lanbide por la denegación "sin respetar la legislación" de la renta básica de garantía de ingresos (RGI) a un trabajador autónomo. La protesta se produce después de que un joven emprendedor de 28 años haya visto cómo, tras ocho meses de trámites, se rechazaba su petición de la RGI porque se le exigía documentos que ya habían sido entregados y porque se le planteaban nuevas exigencias que no habían sido requeridas al principio. A ello se ha unido el argumento de que los papeles se han entregado fuera de plazo aunque el propio Lanbide había notificado al afectado que estaba dentro de las fechas. Estas circunstancias, sumadas al hecho de que ha tardado en dar respuesta cuatro en lugar de los dos meses legalmente fijados para ello, han llevado a Berri-Otxoak a movilizarse contra "las malas prácticas y recortes que se aplican de forma sistemática" por el servicio vasco de empleo.
Nota de prensa de Berri-Otxoak
Movilización ante las principales oficinas de Lanbide en Barakaldo. En el trascurso de esta iniciativa una persona trabajadora autónoma, y que ha visto vulnerados sus derechos por parte del Servicio Vasco de Empleo, denunciará las malas prácticas y recortes que se aplican de forma sistemática desde estas dependencias, como herramienta de recorte.
Además, se criticará el acoso permanente que sufren las personas perceptoras de las prestaciones sociales y el incumplimiento de la propia normativa que rige el acceso a las mismas.
En concreto, J.M.G. trabajador autónomo de 28 años. Ve denegado el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos por no entregar la documentación requerida cuando obra en su poder un resguardo de esta oficina de Lanbide donde se acredita la presentación de dichos documentos. Por otro lado, se le solicita nueva documentación que nada tiene que ver con su situación económica como la tarjeta sanitaria y que no se le había notificado en el momento de la presentación de su solicitud.
Entregada la documentación solicitada por Lanbide en diferentes requerimientos, y pasado 8 meses del inicio de solicitud, se rechaza su solicitud bajo la excusa de entregar la documentación fuera de plazo. Lo cual es bien grave por cuatro importantes motivos:
-En primer lugar la documentación había sido entregada en el inicio de solicitud en el mes de junio del 2016; además de en diferentes comparecencias durante los meses de agosto y septiembre.
-Segundo. Se intenta entregar escrito de alegación en plazo pero se niegan a recogerlo por falta de registro. Aunque por el Procedimiento Administrativo Común esta oficina ha de disponer del mismo.
-En tercer lugar. Lanbide no ha respetado los plazos marcados por la legislación para la recepción y contestación a los recursos planteados: retrasando de dos a cuatro meses la resolución.
-Cuarto. Lanbide cuenta como días de plazo de entrega hábiles los sábados cuando desde la entrada en vigor de la nueva ley del Procedimiento Administrativo Común, que declara inhábiles los sábados al igual que ya lo son los domingos y festivos. Entrada en vigor que se produjo a partir del sábado 8 de octubre en aplicación de la “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”; en cuyo artículo 30.2 se regulan los días hábiles e inhábiles a la hora del cómputo de plazos en las distintas convocatorias y procedimientos administrativos.
Lo que supone que Lanbide no respeta ni la legislación que rige la tramitación y resolución de los expedientes de acceso a las prestaciones sociales. A esto debemos sumar los recortes y malas prácticas aplicados de forma habitual en esta oficina de Lanbide:
- Falta de operatividad y citas previas limitadas por día que retrasan la atención de las familias.
- Inexistencia de un registro donde entregar la documentación solicitada.
- Impedimentos para la entrega de la documentación requerida desde “Servicios Centrales de Lanbide”
- Negativa a recoger alegaciones y recursos cuando se intenta en estas instancias, lo cual es ilegal.
- Escaso personal que conlleva que las personas usuarias tengan que esperar un mes para ser atendidas.
- Dificultad para la atención inmediata de los casos más urgentes.
- Imposibilidad de acceso al personal ante cualquier requerimiento o entrega de documentación.
Ante el endurecimiento de requisitos; reducción de cuantías; incumplimiento sistemático de la normativa; continuas campañas de criminalización. Llamamos a participar en la manifestación convocada para este sábado 1 de abril en Bilbao por la la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria bajo el lema 'Eskubide Sozialen Defentsan. Contra los recortes en la RGI'.
