El Ayuntamiento de Barakaldo ha desalojado y tapiado un piso municipal en la calle Murrieta en el que residían desde septiembre una familia con tres hijos y dos adultos que, tras ser deshauciados, accedieron al inmueble del consistorio que llevaba cerca de dos años vacío. En el caso de los menores y sus padres, la institución local les ha facilitado otra vivienda por un periodo de cuatro meses, mientras que las otras dos personas se han quedado "en la calle", sin casa ni disponibilidad de dinero para poder hacer frente a un alquiler, según han explicado los afectados. La alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), ha defendido que la intervención "no es un desahucio" sino la "recuperación de un bien público municipal ocupado ilegalmente". Además, ha asegurado que este desalojo es una "obligación legal" de la Corporación y ha advertido de que "la patada en la puerta no puede ser la forma de acceder a los recursos públicos". La plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak, a cuya movilización se han unido representantes de EH Bildu e Irabazi, sí ha calificado los hechos como un "desahucio" y ha denunciado que las familias recibido la notificación de desalojo "con nocturnidad y alevosía" sólo 12 horas antes de que se ejecutara su expulsión de la vivienda. Al respecto, Del Campo ha alegado que la policía local intentó la notificación cinco veces durante el día. Berri-Otxoak ha criticado además que "a dos personas el Ayuntamiento de Barakaldo les está desahuciando y dejando en la calle". En este caso concreto, la alcaldesa afirma que los servicios sociales le han concedido una ayuda económica para que hagan frente a un alquiler, pero los afectados no han recibido el dinero en su banco o bien ha quedado embargado por deudas anteriores, de las que casi la mitad del importe corresponde al Consorcio de Aguas. Amaia del Campo ha afirmado que estas familias no habían pedido ayudas sociales previamente a este caso y que "es difícil ayudar a quien no se deja ayudar". Así mismo ha sostenido que la defensoría del pueblo vasco —Ararteko— "da por buena toda la actuación de los técnicos del Ayuntamiento" en este expediente.
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Nota de prensa del equipo de Gobierno municipal (PNV)
El Ayuntamiento recupera la vivienda municipal de Murrieta y realoja a la familia que la había ocupado de manera ilegal
Las otras dos personas que ocuparon el inmueble vienen recibiendo ayudas sociales para el alquiler de alojamiento
El Ayuntamiento de Barakaldo ha procedido a realojar en una vivienda municipal a la familia que el pasado mes de setiembre ocupó, junto a otras dos personas, una de los pisos municipales localizados en la calle Murrieta. De esta forma los responsables municipales han recuperado este bien municipal que había sido ocupado de manera ilegal el pasado mes de septiembre y sobre el que los jueces habían dictaminado su recuperación.
Desde el primer momento los responsables del equipo de gobierno advirtieron a los grupos políticos de la oposición de la obligación legal que tenían de recuperar el piso ya que se trataba de un bien municipal y que en caso de no actuar ser estaría incurriendo en responsabilidades administrativas, tal y como habían advertido los servicios legales del Ayuntamiento.
Asimismo desde el primer momento se anunció que al equipo de Gobierno le preocupaba la situación de los 5 menores de la familia, y que los trabajadores sociales tratan de intervenir preservando sus derechos y bienestar.
“Desde el inicio advertimos que era difícil ayudar a quien no pedía ayuda ni se dejaba ayudar, por eso las trabajadoras sociales han venido trabajando con la familia para hacerles comprender que para poder acceder a una vivienda municipal tenían que seguir una serie de trámites légales y que la patada en la puerta no era la solución a sus problemas y tampoco lo era saltarse la lista de espera de vecinos y vecinas que se encuentran en una situación similar y que respetan las reglas del juego para poder acceder a las ayudas que les podemos conceder desde la Administración”, ha explicado la alcaldesa Amaia del Campo.
Tras el trabajo realizado por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento y de que la familia que había ocupado el inmueble municipal cumpliera con los requisitos que se le exige a cualquier vecino y vecina, finalmente se les ha podido adjudicar un piso municipal para la unidad familiar (2 adultos con tres menores a su cargo en la actualidad).
Respecto a las otras dos personas que ocuparon ilegalmente la vivienda, en estos momentos también se han acogido a lo estipulado por la ley para poder acceder a las ayudas que les permite poder asumir el alquiler de un recurso donde habitar. En ambos casos, han sido beneficiarios de ayudas para necesidades primarias así como de la ayuda para poder asumir la fianza de un alquiler.
La alcaldesa ha convocado esta mañana una Junta de Portavoces para informar de primera mano a los partidos representados en el Ayuntamiento de las actuaciones realizadas para recuperar la vivienda así como los recursos concedidos a las personas que se habían instalado de manera ilegal en la vivienda municipal.
ARARTEKO
El Ayuntamiento quiere destacar que el Ararteko ha agradecido la colaboración municipal con su institución para tratar de aclarar todos los aspectos relacionados con este caso que ha dado por finalizado en su informe del pasado 5 de julio.
Desde el Ayuntamiento se ha reiterado en numerosas ocasiones que para poder ayudar a estos vecinos era necesario que se dejaran ayudar, por eso agradecemos la intervención profesional realizada en estos meses por las trabajadoras sociales municipales. Una idea sobre la que incide en su informe el Ararteko que recomienda que “mantenga contacto habitual con los servicios sociales del ayuntamiento y que atienda las orientaciones que le sean propuestas con el fin de disponer de los recursos que actualmente ofrece el sistema vasco de protección social.
En este sentido también le aconsejemos que solicite su inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda para poder tener acceso a una vivienda de protección pública y al reconocimiento del derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada”.
