• El anterior equipo de Gobierno (PSE) tenía que haber convocado en 2012 un concurso público para conceder el servicio a una empresa • En lugar de ello, hizo 53 adjudicaciones directas de 28 días cada una a una misma empresa, por un total acumulado de 1,1 millones de euros •
El contrato de recepcionistas de los polideportivos de Barakaldo han vuelto a la legalidad después de cuatro años en situación irregular. El Ayuntamiento ha adjudicado por un total de 247.635,7 euros al año, a la empresa onubense Coyma Servicios Generales SL, el servicio de servicio de control de accesos a las instalaciones municipales. La adjudicación estaba pendiente desde que en 2012 se agotó el anterior contrato, concedido en febrero de 2010, por 295.784,11 euros, al controvertido grupo de empresas Qualityser —UTE Clequali SL-Guedan SA—. Desde hace cuatro años, sin una adjudicación legal, el anterior equipo de Gobierno municipal (PSE) abonó a la compañía privada 1,1 millones de euros divididos en 53 contratos de 28 días cada uno, según han denunciado los actuales responsables del Consistorio (PNV). De hecho, los socialistas anularon el proceso de contratación en 2012, con el argumento de que no había suficiente dinero, cuando ya se habían recibido ofertas de nueve empresas. La nueva compañía responsable del control de accesos a polideportivos tendrá que asumir a la plantilla actual, de 14 trabajadores —13 porteros y un encargado de personal—. Las condiciones del contrato señalan que la duración será de dos años, con posible prórroga por dos más, y únicamente indican que el servicio se prestará en el polideportivo de Lasesarre, sin mención a Gorostiza o a la ciudad deportiva San Vicente.
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> 30/20/2015. El PNV revela que el PSE pagó a una sola empresa un millón de euros fraccionado en 53 contratos
> 29/10/2015. El PSE afirma que el PNV quiere recortar 1.600 horas el servicio de recepción en polideportivos
> 03/09/2015. El PNV afirma que el PSE intentó adjudicar el gimnasio a una empresa con contrato irregular
> 30/1/2012. El Ayuntamiento pagará más de 300.000 euros por controlar los accesos a dos instalaciones deportivas
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