Protesta de Berri-Otxoak en defensa de las ayudas sociales
por María José Cantalapiedra
El día 22 de enero Barakaldo Digital publicaba que “los estudiantes menores de 24 años mantendrán el derecho al abono familiar de los polideportivos”. El subtítulo recogía que “el Ayuntamiento considera “picaresca” que los estudiantes del euskaltegi o escuela de idiomas se beneficien del abono familiar”. El tema tiene una trascendencia polideportiva, pero tiene también, más importante, una trascendencia política.
Si los responsables municipales consideran que los requisitos que se exigen para tener derecho a una reducción en el abono a los polideportivos dan lugar a situaciones injustas es su responsabilidad modificar dichos requisitos. Tachan de conducta “picaresca” a quienes utilizan, como expresa el comunicado del Instituto Municipal de Deportes (IMD), “su matriculación en la escuela oficial de idiomas o el euskaltegi como forma de acogerse a los descuentos”. Esta afirmación forma parte de ese conjunto de mensajes institucionales que permite que en la opinión pública cale la idea de que las ayudas sociales contribuyen a una “forma de vida o actuación aprovechada y tramposa”, que es la definición de la Real Academia Española al término picaresca.
Esta idea, que va penetrando a fuerza de oírla, destruye el principio de igualdad de oportunidades, fundamental en la manera de entender la organización política y social en las sociedades occidentales, y sin el cual desaparece el término civilización, “estadio cultural propio de las sociedades humanas más avanzadas por el nivel de su ciencia, artes, ideas y costumbres”. Un estadio que sólo se consigue a través de dicho principio, el único que pone barreras a una profunda injusticia social que establece las condiciones de vida de las personas en función de la clase social, el sexo, la raza, etc., en los que nace.
Las ayudas sociales son el mecanismo a través del cual se ejecuta ese principio de igualdad de oportunidades. El principio, a mi modo de ver, no debe cuestionarse. Sí puede revisarse, en cambio, la forma de aplicarlo, con el objetivo, siempre, de ser fiel al mismo. Por lo tanto, volviendo al caso que nos ocupa, si los términos en que se establece la reducción del abono al IMD transgreden la igualdad de oportunidades que se pretende, deberán modificarse. Pero la responsabilidad no descansa en las personas que lo solicitan, aunque conseguir una sociedad civilizada exija que este principio guíe el comportamiento no sólo de las instituciones sino también de los ciudadanos.
