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Nota de prensa del PP
En la tramitación de la ordenanza
El PP de Barakaldo propone que se priorice a los mileuristas en la lista de espera de los alquileres sociales
“Contamos con 76 viviendas de este tipo para una población que supera los 100.000 habitantes, por tanto, es imprescindible priorizar a la hora de conceder estos alquileres de protección pública” aseguró Fernández
La portavoz del grupo municipal del Partido Popular en Barakaldo, Amaya Fernández, ha explicado las dieciocho enmiendas que su partido ha presentado a la propuesta de ordenanza municipal por la que se regulan las viviendas municipales de alquiler de protección pública.
Fernández ha recordado en rueda de prensa que el Partido Popular llevaba tiempo reclamando la redacción de una normativa municipal que regulase, por un lado, el acceso de los barakaldeses a estas viviendas de propiedad del Ayuntamiento y, por otro, que pusiese fin a los problemas que se venían dando desde muchos años atrás.
En la comisión informativa del Acción Social celebrada el pasado 30 de enero, la responsable del Área hizo entrega a los distintos grupos municipales de la propuesta de ordenanza municipal por la que se regulan las viviendas municipales de alquiler de protección pública.
A fecha de hoy las viviendas de propiedad municipal son cedidas en precario. Así, como ya denunció Fernández el año pasado, “hay casos de precaristas que pagan 4 euros al mes, dos que pagan 7 euros al mes… además de numerosas situaciones de impagos reiterados de los gastos de agua y luz que no tenían consecuencias alguna”.
La nueva normativa pretende migrar de este sistema de cesión de uso en precario de las viviendas de propiedad municipal a un nuevo sistema de alquiler de protección pública de las mismas. Así, a partir de ahora todas las personas que quieran acceder a una vivienda municipal en este régimen deberán formalizar su solicitud en su servicio social de base y, una vez tramitada su petición, se les inscribirá en el “Registro de solicitantes de vivienda municipal en régimen de alquiler de protección pública”.
En primer lugar, para poder entrar en el Registro se demanda el cumplimiento de una serie de requisitos, como el estar inscrito en Etxebide, estar empadronado en Barakaldo, tener un límite de recursos económicos…
En segundo, una vez en el registro, la posición del solicitante en el mismo va a depender de los puntos que obtenga en la baremación de una serie de factores. Estos factores son, por ejemplo, el sector de población donde su ubica al solicitante (si es una familia monomarental/monoparental, si está en situación de exclusión grave del mercado laboral…). Otro factor sería el número de miembros de la familia, o si se mantiene una actitud proactiva para integrarse en la sociedad, etc.
El pasado martes finalizó el plazo de enmiendas y el Partido Popular presentó una batería de ellas que se pueden agrupar en cuatro bloques:
Apoyo a los mileuristas barakaldeses
Examinada la propuesta de ordenanza, se observa que el equipo de gobierno socialista ha obviado la situación de miles de barakaldeses cuyo sueldo no supera los 1.000€ mensuales.
Así, en virtud del Anexo II propuesto -en el que se detallan una serie de ejemplos de renta a abonar según ingresos del solicitante y precio de venta de las viviendas municipales-, deducimos que con el sistema propuesto puede darse la circunstancia de que una persona que cobra la RGI y que tiene unos ingresos mensuales de 879,67€ (ingresos anuales de 10.556,04€) y una persona que por desempeñar su trabajo cobra menos de esta cantidad (800€ mensuales y 11.200€ anuales), tengan que abonar la misma cuota mensual de 173,41€.
Por tanto, el grupo popular ha propuesto mediante una enmienda que se considere como un factor a puntuar el hecho de que el solicitante tenga un contrato de trabajo remunerado con 1.000 o menos euros mensuales netos.
“Con esta modificación pretendemos que se valore con mayor intensidad el hecho de estar trabajando y cobrando incluso menos de lo que una persona cobraría de ser perceptora de ayudas sociales” explicó Fernández.
Apoyo a los autónomos y comerciantes barakaldeses
En virtud de los requisitos que el equipo de gobierno socialista ha propuesto, quedan excluidas del acceso a estas viviendas municipales todas aquellas personas cuyo patrimonio durante los últimos 12 meses haya superado los 10.000€.
Ante esto, el grupo popular ha propuesto mediante una enmienda que no se consideren rendimientos computables, a estos efectos, los préstamos bancarios obtenidos para el desarrollo de la actividad empresarial o profesional, percibidos en los 24 meses anteriores al cierre o cese de dichas actividades.
“Queremos garantizar, de esta manera, el derecho a acceder a estas viviendas municipales de los emprendedores, comerciantes del municipio y, en general, de los autónomos barakaldeses que, desgraciadamente, en los últimos años han perdido su negocio”.
Requisitos de acceso más estrictos
A este respecto el Partido Popular de Barakaldo ha sido fiel a las ideas que viene propugnando reiteradamente en cuanto al endurecimiento de los requisitos para acceder a todo tipo de ayudas sociales, ya sean en forma de RGI o en forma de un alquiler social de viviendas propiedad del Ayuntamiento, es decir, de inmuebles que se han pagado con los impuestos de todos los barakaldeses.
“No podemos obviar el hecho de que contamos con 76 viviendas de este tipo para una población que supera los 100.000 habitantes, por tanto, es imprescindible priorizar bien y establecer unos requisitos justos a la hora de conceder estos alquileres de protección pública” explicó Fernández.
Así, a través de varias enmiendas, el grupo popular propone que para poder solicitar estas viviendas sea requisito indispensable tener residencia legal en nuestro país –aspecto que el equipo de gobierno socialista obvia en su propuesta de Ordenanza- y haber estado empadronado en Barakaldo como mínimo cinco años antes del momento de realizar la solicitud – período que el equipo de gobierno limita a tres-.
Igualmente, el PP ha propuesto que las personas que tengan antecedentes penales en una serie de delitos que consideramos graves (terrorismo, homicidio, violación, tráfico de drogas, violencia de género, etc.), no puedan acceder a estas viviendas públicas.
Por último, y para que no se cronofiquen situaciones de impago, el grupo municipal del Partido Popular solicita que sea causa de resolución del contrato de alquiler el impago de las cargas económicas durante tres meses consecutivos y que, en consecuencia, se pueda mover la lista y dar respuesta a la demanda de otros barakaldeses que sí estén dispuestos a cumplir con sus obligaciones, como el resto de ciudadanos.
Tramitación urgente de las solicitudes de las personas afectadas por el desahucio de su vivienda habitual
Sorprende que el equipo de gobierno que hace gala de su apoyo a las personas que están siendo desahuciadas, no haga mención en esta propuesta de ordenanza al trabajo que desarrollan el “Grupo de Trabajo para el estudio de un programa de ayudas a las personas y familias incursas en procesos de desahucio y lanzamiento de sus viviendas de residencia habitual”, así como el “Servicio municipal de Información, Orientación y Mediación en conflictos de arrendamientos urbanos”.
En la medida en que hemos creado dicho servicio y dicho grupo de trabajo para resolver con urgencia los problemas de desahucios, consideramos fundamental que quede constancia en la Ordenanza que los casos que se tratan en ambos organismos sean, con carácter urgente, valorados y, en su caso, inscritos en el Registro de Solicitantes de alquiler de protección pública.
Histórico:
- 6 de marzo de 2014. En la Comisión Informativa de Área de Acción Social al preguntar por estas viviendas, la socialista Amaia Rojas se comprometió a presentar la normativa para su tramitación correspondiente en el plazo de un mes.
- 31 de marzo de 2014. El grupo popular registró (nº 9181/2014) una batería de preguntas en relación a estos inmuebles de propiedad municipal, que fueron contestadas por el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento y de las que se dio cuenta en el Pleno ordinario del 24 de abril de 2014.
- 29 de octubre de 2014. En la Comisión Informativa de Área de Acción Social se vuelve a insistir en la ordenanza y la socialista Amaia Rojas se compromete a entregar la normativa antes de finalizar el año.
- 30 de enero de 2015. En la comisión informativa del Acción Social, por fin, la responsable del Área hizo entrega a los distintos grupos municipales de la propuesta de ordenanza municipal por la que se regulan las viviendas municipales de alquiler de protección pública.
- 17 de febrero de 2015. Fin del plazo establecido para presentación de las enmiendas.
