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El PSE respalda a los trabajadores del Registro Civil frente a la privatización

Foto de archivo

Koldo Llorente

El Partido Socialista en Barakaldo ha anunciado su respaldo a los trabajadores del Registro Civil de Barakaldo frente al proyecto del Gobierno (PP) de privatizar este servicio público a partir de julio de 2015. El PSE considera que la medida es "injusta" y que la privatización de estos servicios supondrá la pérdida de los juzgados de paz y que "los ciudadanos de Barakaldo tendrán que desplazarse a Bilbao para la realización de muchos trámites". Además, los socialistas consideran que se sientan las bases para que en el futuro se cobre por servicios que son obligatorios para los ciudadanos. A ello se sumará el riesgo para la confidencialidad de los datos al dejar de ser manejados por empleados públicos. Tal y como han reclamado los trabajadores del registro, el asunto será debatido en el pleno muncipal.

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> 21/01/2015. Los trabajadores del Registro Civil piden a Barakaldo que rechace la privatización




Nota de prensa del PSE
El PSE-EE de Barakaldo presenta una iniciativa para evitar la privatización del Registro Civil
• Los socialistas reclaman al Gobierno Vasco que agilice el traspaso de competencias de gestión y que se posicione en contra del Real
• Decreto Ley 8/2014, que pondrá el servicio del Registro Civil en manos de registradores mercantiles a mediados de este año
• Llevarán a pleno una moción que inste al resto de grupos a posicionarse en contra de la privatización del servicio

El Gobierno local del PSE-EE barakaldés quiere que los ciudadanos y ciudadanas puedan seguir disfrutando de todos los servicios públicos y gratuitos de los que dispone la ciudad. Es por eso que rechaza la privatización del Registro Civil que propone el Gobierno del Partido Popular en los proyectos de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Planta y Demarcación Judicial, y en el Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio de 2014, que entrará en vigor en julio de este año.

La cesión del Registro Civil a registradores mercantiles supondrá que muchos de estos servicios puedan pasar a ser de pago en el futuro. Una medida injusta, a ojos de los socialistas barakaldeses, ya que muchos trámites que se realizan a través de este organismo son obligatorios para cualquier ciudadano o ciudadana, como son la inscripción de un nacimiento, el reconocimiento de paternidad/maternidad, un cambio de nombre, apellido o de sexo, o la expedición de la fe de vida, entre otros. El cobro de estos servicios, además, supondrá el enriquecimiento de una minoría privilegiada en detrimento de la economía y los intereses de la ciudadanía.

La privatización de estos servicios supondrá la pérdida, también, de 3.500 puestos de trabajo de empleados públicos que han sido formados, capacitados y especializados. Además, incitará a la supresión de los Juzgados de Paz que actúan a modo de Registro Civil local, suponiendo que los ciudadanos y ciudadanas de Barakaldo tengan que desplazarse a Bilbao para la realización de muchos de los trámites de la vida cotidiana.

Asimismo, se perderá la inversión realizada en los últimos años en la modernización y digitalización del Registro Civil en la que se han destinado más de 128 millones de euros de dinero público. Todo un despilfarro de dinero que se va a regalar a los registradores mercantiles, a través de la cesión.


PROTECCIÓN DE DATOS

Por último, los socialistas de Barakaldo ven en esta privatización un peligro ante la protección de datos. Los empleados del Registro Mercantil no son funcionarios públicos, no están sometidos a las exigencias de confidencialidad y secreto que tienen los empleados públicos, y tendrán acceso a datos de carácter personal.

Por todo ello, el PSE-EE de Barakaldo llevará a pleno una moción que inste al resto de grupos políticos a unirse a la causa de los trabajadores y trabajadoras del Registro Civil de Barakaldo, así como a la de toda la ciudadanía en general, pidiendo al Gobierno Vasco que acelere las negociaciones para el traspaso de las competencias de gestión y ejecución, que posibiliten el mantenimiento de las actuales Oficinas de Registro Civil y Juzgados de Paz.