Reportaje gráfico: Matías Karrillo
Los trabajadores de los juzgados de Barakaldo han llevado a cabo frente al Palacio de Justicia una "chorizada popular anti-privatizadora" para denunciar el intento del Gobierno del PP de privatizar el registro Civil y la Administraciónd e Justicia. Bajo el lema "No falta dinero, sobran chorizos", los trabajadores han repartido pinchos de chorizo entre los transeuntes y han denunciado que los planes del Gobierno de Mariano Rajoy —ley de tasas, endurecimiento de los requisitos para acceder a la Justicia gratuita, privatizaciones— supondrá el "fín del concepto de justicia universal para todos" y que haya "una justicia clasista, una justicia sólo para ricos".
Nota de prensa
Los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia de Barakaldo, dentro de la campaña llevada a cabo por CC.OO, ELA, LAB, CGT, y UGT, contra la privatización del Registro Civil y de la Administración de Justicia, han realizado frente al Palacio de Justicia de Barakaldo, una CHORIZADA POPULAR anti-privatizadora.
Según han manifestado con este acto han querido denunciar las políticas de destrucción masiva de todo lo público, los ataques y recortes no sólo en la Administración de Justicia, sino también del resto de servicios públicos y sociales. Añadiendo que aunque desde los gobiernos se dice que falta dinero, ellos dicen que NO, que no falta dinero sino que SOBRAN CHORIZOS. De ahí el reparto público de chorizos en la calle.
Para estos empleados públicos el proyecto de privatización del Registro Civil es un ejemplo de cómo dilapidar dinero público. Ya que, según han manifestado, después de haberse gastado, en los últimos años, casi 130 millones de euros en informatizar y escanear los vetustos libros registrales de nacimiento, matrimonio, defunción y tutelas de todos y cada uno de los Registros Civiles de hasta el más remoto pueblo del estado español, AHORA se pretende regalar todo ese esfuerzo de las arcas pública a los intereses privados (Registradores de la Propiedad y Notarios, curiosamente cuerpos muy ligados a eminentes miembros del P.P); haciendo recaer, al mismo tiempo, en la ciudadanía un nuevo copago-repago inaceptable.
Según han expresado en nota de prensa no se debe olvidar que, el Registro Civil es sólo un ejemplo de la política privatizadora de las administraciones públicas en general, y de la Administración de Justicia, en particular. La ley de tasas, el endurecimiento de los requisitos para acceder a la Justicia gratuita, la privatización de los servicios de notificaciones y ejecución, el alejamiento de la Justicia de la ciudadanía con el proyecto de desaparición de los Juzgados de Paz, la reducción de partidos judiciales, suponen en la práctica, han añadido, el fín del concepto de justicia universal para todas y todos.
Según sus palabras “si hasta ahora una gran parte de la población intuía que la Justicia no era igual para todas y todos, con estas medidas se corrobora. Se hiere de muerte al derecho universal, derecho constitucional, no lo olvidemos, a una tutela judicial efectiva, poniendo las bases para una justicia clasista, una justicia sólo para ricos.
