Concentración contra los desahucios en enero pasado. Foto: Matías Karrillo
El PP de Barakaldo ha propueto que sean los servicios sociales municipales los encargados de evaluar a los beneficiarios del Fondo Social de Vivienda, en lugar de los bancos y cajas de ahorro. Los 'populares' han presentado una moción tras la reciente adhesión de Barakaldo al Convenio para la creación de un Fondo Social de Viviendas para las personas afectadas por desahucios impulsado por el Gobierno de España. En esa moción el PP plantea que el consistorio llegue a acuerdos de colaboración con las entidades financieras para que sea el propio ayuntamiento el encargado de realizar la admisión de los beneficiarios de las viviendas de ese fondo social. La portavoz del PP de Barakaldo, Amaya Fernández, ha mostrado su alegría porque el PSE "reconozca" con su adhesión al Fondo Social de Viviendas "que el gobierno de Rajoy trabaja y es sensible a los problemas de las personas que sufren desahucios”.Archivo |
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Nota de prensa
Barakaldo se adhiere al Fondo impulsado por el Gobierno español
El PP de Barakaldo quiere que sea el Ayuntamiento el que realice la admisión de los beneficiarios de las viviendas del Fondo Social
La portavoz del Partido Popular de Barakaldo, Amaya Fernández, urgirá al Ayuntamiento a tomar la iniciativa para cerrar acuerdos de colaboración con las entidades de crédito con la finalidad de que sea el consistorio, a través de los servicios sociales, el encargado de realizar la evaluación de los beneficiarios del Fondo Social de Vivienda, en sustitución de los bancos y cajas de ahorro.
Así lo ha anunciado Fernández en una rueda de prensa celebrada esta mañana, en la que ha explicado el contenido de la moción que el Grupo Popular llevará al próximo pleno.
La petición de los populares se basa en la reciente adhesión de Barakaldo al Convenio para la creación de un Fondo Social de Viviendas para las personas afectadas por desahucios impulsado por el Gobierno de España. El Convenio fue suscrito el pasado 17 de enero por la Federación Española de Municipios y Provincias, el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Fomento, el Banco de España, entidades financieras y la Plataforma del Tercer Sector, y tiene por objeto promover la creación, por parte de las entidades de crédito, de fondos sociales de vivienda en el marco del Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios.
La cláusula quinta del convenio que describe el procedimiento de asignación de las viviendas establece que las entidades de crédito podrán llegar a acuerdos de colaboración con los ayuntamientos con el fin de que sean estos los que realicen la evaluación del cumplimiento de los requisitos por parte de los solicitantes, admitiendo aquellas solicitudes que efectivamente cumplan los requisitos. “Obviamente, las instituciones públicas -a diferencia de las entidades privadas- tenemos como finalidad la protección del interés general”.
La finalidad de este Fondo es la puesta a disposición de viviendas de propiedad de las entidades de crédito para su arrendamiento. La renta del arrendamiento estará comprendida entre un mínimo de 150 euros y un máximo de 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar. La duración del contrato de arrendamiento será de dos años. No obstante, el contrato se prorrogará un año más siempre que se sigan cumpliendo las condiciones iniciales.
Los beneficiarios serán las personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual con posterioridad al 1 de enero de 2008 y cumplan, entre otras, las siguientes condiciones:
• Que el desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución, por impago de un préstamo hipotecario, iniciada por la misma entidad de crédito que constituye el fondo social de viviendas.
• Que el desalojo se haya producido a partir del día 1 de enero de 2008.
• Que, en el momento de presentación de la solicitud, se encuentre en las circunstancias siguientes:
1. Que el conjunto de los ingresos de los miembros de su unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que para el año 2013 se ha fijado en 532,51 euros al mes.
2. Que ninguno de los miembros de la unidad familiar disponga de vivienda en propiedad o de un derecho de usufructo sobre una vivienda.
3. Que se encuentre en un supuesto de especial vulnerabilidad. A tal fin, se entenderán como tales cualquiera de los siguientes:
4. Unidad familiar en la que el deudor hipotecario desalojado se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.
5. Unidad familiar de la que forme parte, al menos, un menor de hasta 3 años.
6. Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.
A día de hoy, en el Fondo Social hay publicadas 62 viviendas en el País Vasco, de las cuales 25 están en Bizkaia. “Cada una de esas 25 viviendas es una oportunidad de ayudar a una familia que haya sido desahuciada”.
“Me alegra que los dirigentes socialistas de Barakaldo reconozcan con esta adhesión que el gobierno de Rajoy trabaja y es sensible a los problemas de las personas que sufren desahucios. Algo que el gobierno socialista no hizo cuando gobernaba, limitándose a mirar para otro lado. Ahora, toca profundizar en el convenio suscrito para que ninguna persona o familia en situación de vulnerabilidad y que le hayan desahuciado de su vivienda se vea con el cielo por arriba y la tierra por abajo”, apostilló la portavoz popular.
