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Nota de prensa
El PP de Barakaldo asegura que el TSJPV desautoriza al gobierno municipal en la cantidad a pagar por la Finca Munoa
• La portavoz del PP de Barakaldo, Amaya Fernández, asegura que “el PSE está haciendo una pésima gestión en el asunto de la Finca Munoa, cuyo resultado son casi 6 millones de euros de intereses”
17 de abril de 2013.-. La portavoz del Partido Popular de Barakaldo, Amaya Fernández, ha desvelado el Auto dictado el pasado 11 de marzo por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que confirma el justiprecio de la Finca Munoa en 15.147.305,79 euros más los intereses legales, en total más de veinte millones de euros (más de 3.000 millones de las antiguas pesetas).
Además, el Auto, que sólo es recurrible ante la misma Sala, desestima las pretensiones del Ayuntamiento y le concede un plazo de diez días para que pueda formular su petición de fraccionamiento de pago del justiprecio fijado en la resolución. A día de hoy, el Ayuntamiento ha efectuado pagos parciales por importe de 11 millones de euros.
A punto de cumplirse un año desde que se hizo pública la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de mayo que ponía fin a siete años de batalla judicial por la expropiación de la Finca Munoa los dirigentes socialistas municipales se esfuerzan en asegurar que “el Tribunal Supremo da la razón al Ayuntamiento en el contencioso por la expropiación de la Finca Munoa” y que “el criterio del gobierno municipal ha permitido que se pague menos por la finca de lo estipulado por el Jurado de Expropiación Forzosa”. Así, tras dictarse el día 4 de julio de 2012 el auto aclaratorio de la citada Sentencia el gobierno municipal concretó el justiprecio en 13.269.030,25 euros, un millón ochocientos mil euros menos de lo fijado por el Jurado de Expropiación Forzosa, y en 4.858.949, 61€ el interés legal acumulado por incumplir la Ley de Expropiación Forzosa que establece que una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de seis meses. Hay que recordar que el plazo para depositar el justo precio y evitar que se generen intereses venció en el primer trimestre del año 2006.
“Al final, el tiempo nos da la razón y se confirma que más de siete años de batalla judicial sólo han servido para que el Ayuntamiento tenga que pagar casi 6 millones de euros de intereses (mil millones de las antiguas pesetas)”.
