Diferentes colectivos sociales de Bizkaia, entre ellos el barakaldés Berri-otxoak, y sindicatos con representación en el Comité de Empresa de la Diputación se han concentrado frente al Palacio Foral en Bilbao para denunciar "el desmantelamiento" de los servicios sociales forales y la "falta de presupuesto" para atender las necesidades de las familias vizcaínas. Colectivos y sindicatos han denunciado que la partida para ayudas especiales para inclusión social se ha reducido un 80%, de los 3,1 millones de 2011 a 737.000 euros en el presupuesto de 2012, y que, además, esa partida está agotada desde el mes de febrero.
Colectivos sociales y sindicatos denuncian "el desmantelamiento" de los servicios sociales forales
Nota de prensa
COMUNICADO DE PRENSA
Diferentes colectivos sociales de Bizkaia y sindicatos con representación en el Comité de Empresa de la Diputación se concentran a las puertas del Palacio Foral para denunciar el desmantelamiento que se está produciendo de los servicios sociales forales destinados a las familias afectadas por la actual crisis económica..
Esta movilización servirá para denunciar la situación de recortes sociales y falta de presupuesto para atender las necesidades de las familias vizcaínas con escasos recursos económicos: en paro; empleos precarios; o desahuciadas, cada día 4 familias son expulsadas de sus viviendas.
Esta prestación social es el único recurso que tiene la Diputación de Bizkaia para paliar las situaciones de pobreza que se dan en la provincia. Según la propia memoria del Departamento de Acción Social de la Diputación esta ayuda “está dirigida tanto a la cobertura de los gastos asociados a las necesidades básicas como a la de los gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral. Se otorga para la cobertura de necesidades básicas para la supervivencia y, en su caso, para los gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral”.
A este recorte presupuestario debemos añadirle el endurecimiento de los requisitos de acceso a esta ayuda social. El pasado 13 de diciembre, sin ningún tipo de debate social y a hurtadillas, se aprobó, vía decreto, la normativa que regula estas ayudas: se exige un empadronamiento “mínimo” de 30 meses. Esta situación provoca, de facto, que ninguna persona o familia vizcaína puede acceder a una ayuda social en este plazo. Además, no pueden acceder a esta prestación social las personas menores de 23 años o mayores de 60 años; o quien curse estudios de formación e inserción laboral.
Por otro lado, la diputación de Bizkaia miente a la opinión pública al afirmar que destina el 51% de su presupuesto a Acción Social cuando es de tan sólo del 36%. Al presupuesto de gestión propia se le deben detraer los Complementos de Pensiones, la Prestación Complementaria de Vivienda y la Renta de Garantía de Ingresos, que este año ya gestiona directamente el Gobierno Vasco a través del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide.
Esta situación de recortes sociales contrasta con los privilegios de los 68 altos cargos de la Diputación de Bizkaia, cuyo coste supone 5,3 millones de euros. ¿Para quién no hay dinero?
A su vez, cabe señalar que la deuda pública de la Diputación es de 1.200 millones de euros, a lo que debemos añadir otros 1.100 millones de euros de las Sociedades Mercantiles Forales. Este endeudamiento es producto de la apuesta por infraestructuras deficitarias como la Supersur o los túneles de Artxanda. ¿Para qué no hay recursos económicos?
COLECTIVOS SOCIALES DE BIZKAIA:
Asamblea Invisibles, Asamblea Abierta por las Prestaciones Sociales, Berri-Otxoak (Barakaldo), Consejo de la Juventud de Euskadi, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada los Abrazos, RBU-Taldea (RentaBásicaUniversal) y SOS Racismo.
SINDICATOS DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LA DIPUTACIÓN DE BIZKAIA: LAB, ELA y CCOO
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