Colectivos sociales vizcaínos, entre ellos Berri-otxoak, se han concentrado frente a la delegación del Gobierno vasco en Bilbao para denunciar "el recorte de derechos sociales que supone la decisión, por parte del Gobierno Vasco, de reducir en un 7% la cuantía de las ayudas sociales". En la concentración Olentzero ha entregado carbón a los responsables del Ejecutivo autónomo por la "nefasta política social" desarrollada a lo largo de este año que ha estado "plagada de recortes sociales".
Nota de prensa
OLENTZERO CONTRA LOS RECORTES SOCIALES: REDUCCIÓN EN UN 7% DE LA CUANTÍA DE LAS PRESTACIONES SOCIALES
El próximo viernes 23 de diciembre se aprobará en el Parlamento Vasco los Presupuestos Generales para la CAPV. En los cuales, después del acuerdo presupuestario alcanzado entre el PSOE y el PP, se contempla un nuevo recorte social: reducción en un 7% de la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos y la Prestación Complementaria de Vivienda.
Por este motivo Olentzero adelantará su llegada para concentrarse a las puertas de la Delegación del Gobierno Vasco para denunciar el recorte de derechos sociales que supone esta medida. Además, entregará varios kilos de carbón debido a la nefasta política social desarrollada por el Gobierno Vasco a lo largo de este año, plagada de recortes sociales.
En una coyuntura de crisis, cuando más necesarias son las prestaciones sociales, el Gobierno Vasco ha decidido hacer un recorte drástico de las mismas: cuando aumentan las cifras del paro, el número de familias desahucias de sus viviendas o las personas desempleadas que no cobran ningún tipo de prestación social. Con esta iniciativa Olentzero pretende, en definitiva, reclamar una política social que amplíe los derechos sociales en lugar de recortarlos.
Este año que finaliza comenzó con la retirada a más de 6.000 familias de la Renta de Garantía de Ingresos y el endurecimiento de las formas de acceso a las Ayudas de Emergencia Social, producto de una dotación presupuestaria insuficiente que garantice el acceso a esta prestación social a todas las familias solicitantes de la misma.
A lo que siguió la aplicación de la normativa en torno al máximo patrimonio disponible por parte de una familia o el máximo de ayudas que se podrían solicitar por vivienda, es decir, que sólo dos unidades de convivencia pudieran acceder a las prestaciones sociales.
A lo que debemos añadir la reciente aprobación, el pasado 24 de noviembre, en el Parlamento Vasco del endurecimiento de los requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos:
• Se incrementa de uno a tres años la obligatoriedad de empadronamiento.
• Se coacciona a la aceptación de empleos precarios, de escasa cualificación y bajos salarios.
• Se impone la obligatoriedad de realizar labores de carácter social que supondrá eliminar puestos de trabajo en los servicios públicos.
Para finalizar el año se aprueba, vía presupuestos, la reducción de la, ya de por si escasa, cuantía de las prestaciones sociales. La reducción de un 7% de la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos y la Prestación Complementaria de Vivienda es, además, una decisión es claramente ilegal y contraviene la normativa que regula y desarrolla las políticas de protección social en la CAPV. La ilegalidad de esta medida lo confirman hasta los servicios jurídicos de la propia Administración autonómica.
COLECTIVOS SOCIALES DE BIZKAIA:
Argilan (Bilbao), “Asamblea de Invisibles”, M15M Bizkaia-Bizkaiko Herri Asanblada, Berri-Otxoak (Barakaldo), Consejo de la Juventud de Euskadi, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos y SOS Racismo.
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