El PP ha denunciado que Barakaldo incumple la normativa estatal en los pasos de peatones elevados, ya que algunos badenes superan en más del 100% la altura máxima permitida por la normativa, y ha instalado al equipo a que adecúe los reductores de velocidad del municipio al modelo aprobado por el Ministerio de Fomento. El PP pone como ejemplo de este incumplimiento los “badenes” instalados en la Resurrección María de Azkue, desde el BEC hasta la rotonda del Megapark, así como los existentes en la Avenida de Euskadi desde el BEC hasta Retuerto, y los ubicados a lo largo de toda la Calle Gernikako Arbola.
Nota de prensa
Barakaldo también incumple la normativa estatal en los pasos de peatones elevados
El PP insta al equipo de gobierno a que adecúe los reductores de velocidad del municipio al modelo aprobado por el Ministerio de Fomento
• Amaya Fernández (PP): “Exigimos la corrección de esta anomalía que hace perder el principio de autoridad a los responsables locales, pues no se puede pedir al ciudadano que cumpla la Ley cuando ellos no la aplican correctamente”
• Algunos badenes superan en más del 100% la altura máxima permitida por la normativa
17.Enero.2011- La Portavoz del Partido Popular de Barakaldo y candidata a la Alcaldía, Amaya Fernández, ha denunciado el incumplimiento de la normativa del Ministerio de Fomento, que entró en vigor el 31 de octubre de 2.008, la cual armoniza y unifica cómo deben ser este tipo de elementos, denominados técnicamente Reductores de Velocidad (RDV) o pasos de peatones sobreelevados. Además, ha advertido que si el equipo de gobierno no corrige esta situación afectará a las arcas municipales, ya que los usuarios perjudicados estarían en su derecho de denunciar y exigir responsabilidades.
Dado que no existía ninguna normativa sobre los “badenes”, cada ayuntamiento instaló estas estructuras a su mejor entender sin atenerse a un modelo concreto, debido a lo cual y según el Reglamento General de Circulación en su artículo 5.2, en el que se plasma que “serán obstáculos prohibidos los resaltos en los pasos de peatones y las bandas transversales que no cumplan la normativa básica del Ministerio de Fomento”, se deben adecuar a esta normativa para que cumplan la legalidad y suponga un avance en la seguridad vial.
La normativa se resume en los siguientes puntos:
• Altura máxima de 10 centímetros.
• Longitud máxima de 4 metros.
• Longitud de las rampas: 1 metro para zona de 30 Km/h; 1,5 metros para zona de 40 Km/h; 2,5 metros para zona de 50 Km/h.
• Distancia mínima de 150 metros entre uno y otro de estos dispositivos.
Tras entrar en vigor esta normativa, se concedió un plazo de 2 años para que los ayuntamientos se adaptasen a la legislación, cosa que no se ha cumplido en Barakaldo pero, eso sí, se han dedicado subvenciones supramunicipales a otras obras sin atender el cumplimiento de la legalidad relativa a la seguridad vial y a los vehículos que circulan por nuestras calles, con el perjuicio que ello supone.
Casos dignos de mención, entre otros, son todos los “badenes” instalados en la C/ Resurrección María de Azkue, desde el BEC, hasta la rotonda del MEGAPARK, así como los existentes en la Avenida de Euskadi desde el BEC hasta Retuerto, y los ubicados a lo largo de toda la Calle Gernikako Arbola (se adjuntan fotos).
Por otro lado, y expirado el plazo sin que el equipo de gobierno haya cumplido la normativa, nuestro ayuntamiento debe tener en cuenta, que a partir de ahora, si se producen desperfectos en un vehículo a causa de uno de estos obstáculos que no hayan sido adaptados a las nuevas medidas, el automovilista podrá reclamarlos y denunciar a la autoridad competente por “responsabilidad patrimonial”. Lo mismo sucedería cuando hablamos de posibles lesiones físicas, sobre todo en los profesionales del volante (autobuses, taxis, comerciales,..), así como los viajeros -usuarios de transporte público o privado- con riesgo de lesiones, tales como personas ancianas o niños pequeños.
El PP trasladará al Pleno la urgente necesidad de acometer las obras necesarias para cumplir la normativa y evitar así que el Ayuntamiento tenga que hacer frente a responsabilidades patrimoniales.
