El Ayuntamiento acusa a la Diputación de "desviar" a ancianos a centros de día fuera de Barakaldo

· Sugiere que hay "intereses ocultos" · Ya hay 10 de las 60 plazas vacías en el centro de día del CIS de Los Hermanos · Diptación se ha negado además a un nuevo convenio para el centro de día de La Paz, que lleva tres años sin actividad ·
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Barakaldo, formado por el PSE, ha denunciado este jueves que la Diputación ha empezado a "desviar" ancianos desde el centro de día de Los Hermanos a otros servicios forales fuera de la anteiglesia, como el de sestao. Esta situación, que no tiene justificación a juicio de los socialistas, ha motivado el anunciado de interposición de un recurso de reposición ante la institución foral contra el acuerdo de romper unilateralmente el convenio el convenio que ésta mantenía con Barakaldo para cofinanciar las plazas del centro de día del CIS.


Nota de prensa
La Diputación desvía a los ancianos de Barakaldo a centros de día de otros municipios
Está derivando las nuevas altas a Sestao y próximamente lo hará a otras localidades, pese a haber plazas libres en el CIS barakaldés

Barakaldo, 15-4-2010

La Diputación vizcaína, dirigida por el PNV, ha empezado a derivar a las personas mayores de Barakaldo que reclaman el servicio de centro de día a otros municipios, con el consiguiente perjuicio para los usuarios. Esta práctica tiene como objetivo, según ha comunicado por escrito la institución foral al Ayuntamiento, en un intento por cubrir las plazas vacías de los complejos de su titularidad y “se produce pese a que existen diez plazas sin cubrir en la propia localidad, además de un centro con otras veinte plazas que la Diputación no permite abrir”, según ha denunciado la concejala de Acción Social, Amaya Rojas.

La Diputación utiliza ese mismo argumento para anunciar que va a romper unilateralmente el convenio de colaboración para subvencionar el Centro de Intergración Social (CIS) de Barakaldo, algo que comunicó oficialmente el pasado 25 de marzo. Según recoge el propio convenio expresamente y reconoce en una carta el director general foral para la Promoción de la Autonomía Personal, Iñigo Pombo, el acuerdo tiene vigencia indefinida, “pudiendo las partes modificarlo o dejarlo sin efecto de forma expresa y de mutuo acuerdo”, algo que no se cumple en esta ocasión. Por eso, Rojas ha anunciado que el Ayuntamiento presentará un recurso de reposición ante la Diputación.

A Rojas le consta que hay otros nueve centros de otros tantos municipios en esta situación, pero considera que el caso de Barakaldo es “especialmente grave”, puesto en que no existe un centro de titularidad foral y las personas mayores debenrecorrer una distancia mayor. De momento, están siendo derivadas al complejo Sestao Berri, pero cuando se llenen las plazas los mayores barakaldeses pasarán a otros centros de la comarca, como Abanto, Ortuella o Muskiz.

Centros que están a una distancia kilométrica bastante mayor. “Los mayores de Barakaldo no se merecen ese trato y el Ayuntamiento luchará por que se ataje cuanto antes esta situación”, anuncia la edil socialista.

Amaya Rojas cree además que el argumento esgrimido por la Diputación, del PNV, de que debe cubrir primero las plazas de centros forales “no se sustenta, a no ser que detrás se esconda algún interés oculto”. De hecho, la institución foral se va a gastar el mismo dinero con esta medida.

Según explica la edil, la Diputación subvenciona cada plaza ocupada en un centro municipal con 1.000 euros al mes y pagará aproximadamente esa misma cantidad a las empresas adjudicatarias por ocupar una plaza más en los centros que gestionan, con el inconveniente de que “causa un grave perjuicio al usuario al trasladarle de municipio”.

La concejala de Acción Social ha denunciado, en este sentido, la actitud del PNV local y su portavoz, Amaia del Campo, quien lejos de defender los intereses de los usuarios del centro de día de Barakaldo apoya con silencio cómplice que los ancianos de la localidad sean ingresados en otros municipios.

comisión de acción social
Por otro lado, hoy se ha celebrado una Comisión Informativa de Acción Social para valorar nuevamente el contrato de gestión que se está se está llevando en el Centro de Integración Social (CIS). Allí se ha acordado por unanimidad que se pida al interventor municipal que plasme el cálculo pormenorizado de cuánto cuesta cada servicio que se está llevando a cabo en el centro, puesto que elaboró varios informes de reparo que no han quedado suficientemente claros.

Rojas considera que “no resulta justificable proceder a la resolución del contrato administrativo, ni tampoco no prorrogar su vigencia”, cuando ello es posible desde un punto de vista técnico-jurídico y evita un problema como el posible cierre del CIS, “que en realidad es lo que están buscando el PNV y el PP”. Amaya Rojas tiene claro que “este Ayuntamiento no va a dejar en la calle a nuestros mayores sin pruebas fehacientes para tomar la decisión de rescindir el contrato”.

Esta decisión de rescisión de contrato, además de estar amparada en los propios pliegos y en la necesidad de garantizar el servicio, sustenta en el cumplimiento de las obligaciones principales de la adjudicataria.