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La advertencia la hace la izquierda 'abertzale'. "Años" estará bloqueada la construcción de las 2.000 viviviendas —700 de ellas protegidas— como consecuencia de los procesos judiciales abiertos contra este plan inmobiliario. Además de los dos años que tardará el Tribunal Supremo en resolver el recurso del Ayuntamiento contra la anulación del plan, se sumarán los años por otras acciones legales contra el proyecto reformado, como la que anuncian los 'abertzales' por la decisión del pleno de cambiar las normas urbanísticas para 'legalizar' lo que han anulado los tribunales.
Nota de prensa
COMUNICADO DE PRENSA DE LA IZQUIERDA ABERTZALE EN EL AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO, EN RELACIÓN CON EL PERI 06 SEFANITRO
En marzo de 2009 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la “disconformidad a derecho del PERI y por ello su nulidad de pleno derecho”, en relación con el aumento de más de 92.000 m2 de edificabilidad para usos lucrativos.
El día 19 de enero de 2010, el Pleno del Ayuntamiento de Barakaldo, con los votos favorables del PSOE, PNV y PP, ha acordado modificar el PGOU para “cumplir” la sentencia y permitir la ejecución del PERI O6 SEFANITRO con el citado aumento de edificabilidad.
A nuestro juicio, la citada sentencia deja meridianamente claro la ilegalidad del citado incremento de edificabilidad y la propuesta aprobada por los tres grupos políticos, permitiendo elevar los coeficientes de edificabilidad en este PERI, puede provocar que, en otros proyectos, sus promotores exijan que también se les apliquen estos nuevos coeficientes, con consecuencias imprevisibles. Por si esto no fuera poco, conviene recordar lo expresado en el informe del Secretario General del Ayuntamiento, del día 18 de enero, advirtiendo que “la modificación del PGOU, así como el resto del planeamiento de desarrollo, empezando por el propio plan especia y siguiendo por el proyecto de reparcelación, deben cumplir la legislación del momento en el que se tramita la modificación, esto es, por tanto, la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, así como por el Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, teniendo en cuenta el régimen jurídico del suelo, según su clasificación y calificación, en este caso urbano no consolidado por carecer de urbanización consolidada, limitaciones a la edificabilidad urbanística, estándares, zonas verdes....”
El PERI 06 SEFANITRO actual no respeta en absoluto la legislación citada en el informe del Secretario. Asistimos, por tanto, a una reiterada ilegalidad que obtendrá cumplida respuesta en los recursos legales que estamos dispuestos a interponer para evitarla y frenar este “pelotazo urbanístico”, superior a los 800 millones de euros.
La actitud de PSOE, PNV y PP, de defensa numantina de este pelotazo urbanístico ilegal, además de mostrar los verdaderos intereses que guían sus actuaciones en materia urbanística, coloca a las personas adjudicatarias de viviendas de protección oficial ( unas 600, aproximadamente que ya han pagado unos 30.000 euros cada una de ellas) en una difícil situación, ya que al persistir en su actuación ilegal, provocan los pertinentes recursos legales que retrasan sine die la fecha de construcción de las mismas. En relación con la sentencia del TSJPV de marzo de 2009, el recurso interpuesto por el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo no se resolverá antes de 2 años y el recurso contra el acuerdo plenario del 19 de enero, alargará este plazo sustancialmente. Ellos, y no otros, son los responsables de que este asunto se retrase.
En este sentido, es muy importante que BBK y la Caixa (propietarias del resto del terreno donde se pretendían construir las 1300 viviendas privadas y a los que afecta la sentencia del TSJPV sobre los 92.000 m2)se pronuncien al respecto. Con motivo de la sentencia contra el uso lucrativo de los citados 92.000 m2, ambas entidades anunciaron que denunciarían a Iurbenor por haberles engañado, ocultando que existía tal demanda y que, en caso de no poder hacer uso de dicha superficie para uso lucrativo, la operación no resultaría rentable. ¿Esperarán a la resolución del Tribunal Supremo? ¿Cómo actuarán en caso de un nuevo recurso contra el acuerdo plenario del 19 de enero?.
Y esto es importante conocer, porque conviene recordar que, en el proyecto original, el coste de urbanización es de unos 50 millones de euros. Si, como viene declarando el PSOE, en boca del responsable de urbanismo González Suances, las primeras edificaciones corresponderán a las viviendas de protección oficial (cooperativistas) y desconociendo cuáles son las intenciones de BBK y La Caixa – aunque ya manifestaron en su momento su intención de esperar 2 años, para ver si se estabiliza en mercado inmobiliario- ¿quién pagará tales gastos de urbanización?. Así mismo, ante el informe del Secretario General del Ayuntamiento, ¿están dispuestas, ambas entidades, a reformar el PERI respetando los estándares que la actual legislación establece?
Este proyecto nació ilegal y ha estado rodeado de mentiras para justificarlo. Mentiras de los promotores inmobiliarios: Iñaki Calvo, adjunto al presidente del Grupo Afer ( propietaria de Iurbenor, promotora del citado PERI) declaró el 16/05/2007 que los pisos estarían concluidos “a finales de 2010 o en 2011”. Emilio Prieto, consejero delegado de Iurbentia, el 11/7/2008 aseguró que el proyecto era “viable” y daría beneficios “desde el primer momento, de hecho, ya lo está dando” ( 6 meses después se declara en quiebra y abandonan tan “rentable” proyecto). Y mentiras, y esto es más grave, de los responsables municipales, Alcalde y González Suances. El Alcalde declaró en mayo del 2007 que las viviendas protegidas serían 1000 ( el proyecto sólo contempla 700). El 10/1/2009 declaró que se estaba desarrollando con “normalidad” la fase de descontaminación de los suelos y que se prolongaría por espacio de un año ( a fecha de hoy, no se ha iniciado). El Alcalde y González Suances, en el pleno municipal del 19 de enero de 2010, negaron rotundamente haber mantenido reuniones con BBK y La Caixa, tras conocer las dificultades económicas de Iurbenor, pero el 16/1/2009 el Alcalde declaró que había entablado contactos con altos directivos de ambas entidades, a los que les “instó a alcanzar un acuerdo con la promotora”.
De estos personajes tan mentirosos no pueden fiarse las personas adjudicatarias de las viviendas protegidas, ni el pueblo de Barakaldo. Por este motivo, es del todo necesario que dichos adjudicatarios se organicen y debatan la situación al objeto de encontrar las fórmulas precisas que posibiliten la construcción de sus viviendas sin retrasos innecesarios.
Y recordamos que la propuesta realizada por la Izquierda Abertzale en torno a este PERI, a tenor de los acontecimientos, cobra mayor actualidad y acierto. Sólo cabe iniciar un proceso amplio, abierto, de debate entre organismos sociales, ayuntamiento y adjudicatarios de viviendas de protección, al objeto de alcanzar acuerdos que eviten la judicialización de este asunto. En este debate, propondremos que, en dichos terrenos, se ubiquen proyectos destinados a cubrir las necesidades más perentorias del municipio: vivienda pública- de alquiler, como mejor alternativa para permitir el acceso a la misma-, equipamientos sociocomunitarios, etc.
Barakaldo, 22 de enero de 2010
José Manuel Castaños “Txiki”. Concejal
