Los vecinos de La Siebe se han concentrado frente al Ayuntamiento para exigir la convocatoria de una comisión de investigación que analice la venta por parte de la constructora Bruesa de dos viviendas a personas que no tienen derecho a realojo en lugar de a las familias que fueron desalojadas de sus hogares para llevar a cabo una actuación urbanística en el barrio.
Según ha explicado un representante de los vecinos, la constructora Bruesa ha vendido a personas que no tenían derecho al realojo dos viviendas que habían sido reservadas para los afectados por el proyecto urbanístico que se ha desarrollado en el barrio y que obligó a realojar a un grupo de vecinos desalojados de sus hogares.
La constructora comunicó el 9 de octubre a una notaría de la localidad que escriturase estas viviendas que han sido calificadas de Protección Local a nombre de dos familias que han residido durante siete años en las casas prefabricadas de El Pinar a la espera de ser realojadas.
Sin embargo, mientras la familias se encontraban negociando con las entidades bancarias la concesión de un préstamo para hacer frente al pago de la hipoteca, la constructora vendió esas dos viviendas a otras personas que no estaban entre las familias que tenían derecho a realojo.
Estas familias se pusieron en contacto con las constructora que les comunicó mediante burofax que no le consta la existencia de obligación alguna por parte de Bruesa y que no tienen derecho al realojo, aunque no explica por qué se han pasado siete años residiendo en las viviendas prefabricadas que se habilitaron para las familias afectadas.
Los vecinos exigen que se cree una comisión de investigación en la que estén representados todos los partidos políticos para que el equipo de gobierno expliqué por qué la constructora no reconoce ahora el derecho de realojo a estas dos familias y ha vendido las viviendas.
Además, quieren saber por qué algunas de las viviendas del bloque en el que han sido realojados estaban “reservadas” a familiares y personas que tienen relación laboral con concejales y técnicos municipales sin haber sido sorteadas, a pesar de ser viviendas de protección local y qué criterios de adjudicación se han seguido.
Los vecinos de La Siebe se han concentrado frente al Ayuntamiento para exigir la convocatoria de una comisión de investigación que analice la venta por parte de la constructora Bruesa de dos viviendas a personas que no tienen derecho a realojo en lugar de a las familias que fueron desalojadas de sus hogares para llevar a cabo una actuación urbanística en el barrio.
Según ha explicado un representante de los vecinos, la constructora Bruesa ha vendido a personas que no tenían derecho al realojo dos viviendas que habían sido reservadas para los afectados por el proyecto urbanístico que se ha desarrollado en el barrio y que obligó a realojar a un grupo de vecinos desalojados de sus hogares.
La constructora comunicó el 9 de octubre a una notaría de la localidad que escriturase estas viviendas que han sido calificadas de Protección Local a nombre de dos familias que han residido durante siete años en las casas prefabricadas de El Pinar a la espera de ser realojadas.
Sin embargo, mientras la familias se encontraban negociando con las entidades bancarias la concesión de un préstamo para hacer frente al pago de la hipoteca, la constructora vendió esas dos viviendas a otras personas que no estaban entre las familias que tenían derecho a realojo.
Estas familias se pusieron en contacto con las constructora que les comunicó mediante burofax que no le consta la existencia de obligación alguna por parte de Bruesa y que no tienen derecho al realojo, aunque no explica por qué se han pasado siete años residiendo en las viviendas prefabricadas que se habilitaron para las familias afectadas.
Los vecinos exigen que se cree una comisión de investigación en la que estén representados todos los partidos políticos para que el equipo de gobierno expliqué por qué la constructora no reconoce ahora el derecho de realojo a estas dos familias y ha vendido las viviendas.
Además, quieren saber por qué algunas de las viviendas del bloque en el que han sido realojados estaban “reservadas” a familiares y personas que tienen relación laboral con concejales y técnicos municipales sin haber sido sorteadas, a pesar de ser viviendas de protección local y qué criterios de adjudicación se han seguido.
