Las plataformas contra la pobreza y sindicatos han instado hoy a Parlamento Vasco a realizar una reforma de las ley de inclusión social que suponga el reconocimiento de las ayudas sociales de emergencia como de un derecho subjetivo, sin limitación o incompatibilidad para su acceso; que la renta básica sea de importe igual al salario mínimo interprofesional; y que se reconozca este derecho a las personas desde los 18 años de edad. Comunicado
Kaixo,
Ahí os enviamos el comunicado de prensa que entregaremos esta mañana en rueda de prensa todos los sindicatos y diferentes plataformas contra la exclusión social y por los derechos sociales.
En concreto, las plataformas y sindicatos firmantes de este comunicado pedimos, ante el próximo debate parlamentario del “Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y de Inclusión Social”, propuesta de reforma de la actual legislación contra la exclusión social, compromisos concretos a las administraciones vascas para erradicar la pobreza que subyace en nuestra sociedad y que se planteé una legislación que recoja avances significativos en esta materia en lugar de las propuestas de recortes a las actuales políticas sociales implantadas en la actualidad.
Las modificaciones contempladas por el Gobierno Vasco supondrán, en definitiva, que las familias vascas sólo podrán tener acceso a las prestaciones sociales un periodo breve de su vida y no podrán a cubrir sus necesidades básicas como la sanidad, educación o vivienda. Así,
1. Las familias con un trabajo en precario verán que sólo pueden complementar sus salarios bajos un límite de años y después se les suspenderá el cobro de la ayuda social a la que tuvieran derecho aunque sigan trabajando con contratos en precario y sueldos bajos. Hecho que no se produce con la actual Ley contra la exclusión social.
2. Se implanta que a lo largo de toda una vida sólo se pueda cobrar un límite de años las ayudas para el alquiler de vivienda o intereses y amortización de préstamos y para el disfrute y mantenimiento de la vivienda. Cosa que no ocurre en la actualidad.
3. Las familias que perciban un complemento para sufragar los gastos de alquiler o crédito hipotecario no podrán solicitar ayudas para gastos de educación e inserción laboral o la atención sanitaria no cubierta por Osakidetza cuando en la actualidad sí pueden.
Debemos recordar que el 40% de las familias solicitantes de las prestaciones sociales son familias pensionistas, jubiladas o mujeres viudas y que otro 37% son familias con trabajos en precario.
Además, esta nueva normativa va en contra de la conciliación laboral, familiar y personal, ya que no se puede cobrar una ayuda y acogerte a una excedencia por cuidado familiares.
A todo lo anterior habría que añadir el brutal recorte, con respecto a la actual legislación, al limitar, en cualquiera de los tipos de garantías de ingresos, el ahorro máximo que puede tener una familia a 12 veces la Renta Básica (poco más de 7.000 euros) que le pudiera corresponder a la unidad familiar solicitante de la prestación. En la actualidad el tope máximo de ahorro está en 48 veces la Renta Básica que pudiera corresponder. Esta nueva redacción de la Ley perjudica seriamente a las familias pensionistas, con trabajos en precario, o que se queden de forma puntual en paro, y que se vean en una situación de necesidad y que tengan unos ahorros excepcionales.
Todavía es posible, sin embargo, que las propuestas de cambio que van en el proyecto de Ley, tengan una dignidad mínima y puedan ser recibidas por la gente perceptora de la Renta Básica y las Ayudas de Emergencia Social, como un paso adelante. Para ello sería necesario introducir las siguientes modificaciones:
1. Todas las Ayudas de Emergencia Social deben pasar a ser catalogadas como derecho subjetivo, y no a de establecerse ninguna limitación o incompatibilidad para su acceso.
2. La Renta Básica debe subir hasta el 100% del Salario Mínimo Interprofesional.
3. Hay que rebajar a los 18 años la edad para percibir las prestaciones sociales.
4. Hay que diseñar un modelo de titularidad de las personas con derecho a las prestaciones de la Ley basado en la titularidad individual.
PLATAFORMAS CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL y POR LOS DERECHOS SOCIALES:
Argilan (Bilbao), Berri-Otxoak (Barakaldo), Danok Lan (Galdakano), Asamblea de Parados y Paradas de Barakaldo y Sestao, Txiroekin Bat Eginik (Vitoria-Gasteiz).
SINDICATOS:
ELA, CCOO, LAB, UGT, ESK, STEE-EILAS
