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ANV acusa al PSE de primar los intereses de las empresas de telefonía sobre la salud de las personas

El grupo municipal de ANV ha acusado al equipo de gobierno socialista de anteponer los intereses comerciales de las empresas de telefonía a la salud de las personas por carecer el Ayuntamiento de un censo de antenas de telefonía móvil que permita llevar un control de estas instalaciones. 

El concejal de ANV, Txiki Castaños, señaló que el pasado 19 de diciembre, su grupo municipal solicitó que se les facilitase una relación de antenas de telefonía móvil con licencia municipal y el equipo de gobierno respondió que no disponía de esa información. 

Por ello, ANV había presentado tres propuestas para que se tratasen en pleno, pero el alcalde se ha negado a incluirlas en el pleno que se celebrará este jueves, lo que, a juicio del Txiki Castaños, demuestra “su temor a debatir en público esta cuestión, máxime cuando nos encontramos en período electoral”. 

ANV proponía la realización de un censo de todas las instalaciones de telefonía móvil, tanto legales como ilegales, que se establezca una moratoria en la concesión de licencias hasta que se apruebe una normativa para su instalación y que se redacte esa normativa. 

“Así mismo, consideramos que cualquier solicitud para instalar antenas de telefonía móvil, debe ser sometida a información previa, con intervención activa de la población residente, tal cual se estableció en la Conferencia Internacional de Salzburgo (Austria) de junio de 2000”, señaló. 

Indicó que con la negativa a tratar sus propuestas el alcalde “no quiere que la población vea con claridad la enorme distancia que hay entre lo que dice y lo que hace, como lo que viene mostrando en relación con la antena del mercado de La Paz, prometiendo a los vecinos y vecinas desmantelarla y, a la vez, concediéndole las licencias pertinentes”. 

Por último, hizo un llamamiento a la población “para que no se dejen embaucar por los cantos de sirena de estas compañías multinacionales y rechacen la instalación de antenas de telefonía móvil en sus propiedades” porque “un puñado de euros no pueden primar sobre la salud de las personas”.